Santa Rosa (2b) – La resolución deja conformes a las dos partes y alivia el panorama de cara al futuro, en un contexto donde se investigan casos de abusos y acosos en un colegio santarroseño. También desactiva (o por lo menos intenta) una «movida de aprovechamiento» que ya te contamos desde dosbases, impulsada por docentes y autopercibidos dirigentes sociales que esperaban poner en escena mediática casos de abusos en otros colegios santarroseños.
La trama de ésta cuestión no es tan complicada como «Protocolo fantasma», la cuarta película de la saga Misión Imposible, aunque podrían compartir el nombre.
Ayer, el Gobierno Provincial y el gremio docente UTELPa acordaron un nuevo acuerdo paritario (el número 138) que dispone Medidas de Resguardo y Reparación para docentes acusados en el ejercicio de sus funciones. Ya te contamos, y otros no lo hicieron, que la mala experiencia que significó la alta repercusión de las denuncias de alumnos del Colegio Manuel Belgrano por abusos y acosos, activó una serie de mecanismos internos para contener lo que estaba por venir: una amenaza de nuevos escraches en otros colegios. Si bien el Belgrano se intervino y aplicaron las estrategias de contención previstas, quedó latente el temor a inminentes y próximos “escraches”.
La preocupación radicaba en un grupo de docentes, encabezados por el profesor de Historia José Perrota, quienes estarían “apoyando” una nueva movilización en el Colegio Tomás Mason y el Normal, para denunciar también abusos. Ante esta situación, se tomaron dos decisiones: por un lado, el pedido del gremio UTELPa desde hace tiempo por un “protocolo” que permita investigar pero evitar el “prejuzgamiento” de los involucrados y que ayer se hizo oficial con el acuerdo paritario. Por otro un acta firmada en los Colegios “amenazados” para aplicar un mecanismo rápido para frenar nuevas protestas públicas.
En el acuerdo se dispone «el Ministerio de Educación dará tratamiento reservado de los procedimientos administrativos disciplinarios que le competen, en los que el docente se encuentre investigado, hasta que su situación procesal sea resuelta mediante resolución firme, resguardando el derecho a la intimidad y el principio de inocencia».
«El Estado está obligado a adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población, también debe proteger a sus ciudadanos ante situaciones de desigualdad estructural que afecten a un sector de los/las trabajadores/as y que por su función social están expuestos/as nuevas exigencias en el ejercicio de su labor, por lo que es necesario de adoptar medidas de acción para tutelar tal desigualdad y desprotección», informó UTELPa.
En el mismo sentido, puntualizaron que «el Estado debe garantizar condiciones dignas en cumplimiento del Convenio 155 de la OIT, incorporado al sistema normativo nacional a través la Ley 26693. Asegurar esta condición como derecho del/la trabajador/a es fundamental para determinar responsabilidades y delimitar los niveles de decisión sobre acciones.»
El cambio de ámbito laboral y/o separación del cargo «no garantizan por sí solo el resguardo del/la trabajador/a durante el proceso de investigación, en la mayoría de las veces se transforma en una sanción explicita en desmedro de su carrera profesional».
En tanto que «es deber del Estado promover y sostener las investigaciones sobre las denuncias que se realicen desde todos los sectores y actores sociales». Para el/la docente, las investigaciones en su contra representan una obligación a la cual deben someterse conforme a las reglas del estado de derecho, por lo que corresponde que, al docente, también se le apliquen los
principios fundacionales del estado de derecho, como lo es «el principio de inocencia, el debido proceso y ejercicio del derecho de defensa».
Ese sometimiento de los/las Trabajadores/as de la Educación a los procesos sumariales conforme a derecho, también implica que «no se debe prejuzgar sus conductas».
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