Buenos Aires y Santa Rosa (2b)- A poco menos de un mes que el gobierno nacional decidiera “bajar” la denominada “Ley Corta” de telecomunicaciones cuando buscaban dictamen de comisión para colar la discusión en el Senado, pasó lo que muchos preveían: ahora se oficializó el plan de impulsar la norma por decreto para imponer la ampliación del espectro del 4G con un claro perfil hacia ciertas prestadoras. El mes pasado, durante la comisión bicameral, el (ex) ministro de Modernización Andrés Ibarra decidió retirar el proyecto por la férrea oposición del bloque Argentina Federal, que hasta forzaba una serie cambios a través del diputado y ahora candidato a gobernador del PJ.
El mes pasado, apenas consumada la marcha atrás del gobierno, Ziliotto anticipó a 2b que la cartera de Ibarra podría jugarse la carta del decreto para imponer el proyecto, pero entendió que “sería imponer una ley sin considerarnos y rematando el patrimonio nacional”. En fin, al final ocurrió, y el legislador pampeano volvió a dejar en claro la inviabilidad de la norma y, además, el procedimiento: “Es una medida inconsulta que genera inseguridad jurídica porque es una potestad del Congreso y no del Ejecutivo Nacional”, señaló.
Las grandes empresas de telecomunicaciones vienen presionando para tener disponibilidad de las frecuencias que actualmente están en poder de Arsat, tal como fue reglamentado por Ley. Recientemente, y en el marco de la conferencia Mobile 360 Series, Carlos Moltini, CEO de Telecom, y Julio Carlos Porras, CEO de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay, reclamaron para sus empresas más espectro.
Desde que se estancó la llamada “Ley Corta” en Diputados, a la que Ziliotto se opuso en la comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, el Ejecutivo Nacional insiste con modificar el escenario de las comunicaciones vía DNU. Andrés Ibarra lo confirmó a Clarín. Buscan el decreto.
Si bien el legislador pampeano reconoció la necesidad de ampliar el espectro y que es una demanda de las grandes, de las medianas y pequeñas operadoras de telefonía, el marco es el Congreso y no los DNU, afirmó. “Este tipo de medidas genera más inseguridad jurídica”, agregó el legislador quien señaló que la ampliación de espectro no es una atribución del Gobierno Nacional: “La atribución de espectro es una potestad del Congreso de la Nación y es incorrecto e inconveniente que el Ejecutivo se arrogue ese derecho, sobre para un tema estratégico para el desarrollo de un país”, agregó el legislador.
Las comunicaciones son un recurso estratégico y el rol de ARSAT y las provincias son fundamentales, señaló Ziliotto. El candidato a gobernador para La Pampa por el PJ dijo que “en los últimos años las empresas estatales provinciales, las cooperativas y las pymes son sistemáticamente marginadas. Si hay un decreto se vulnera nuevamente el federalismo en el país y tendría problemas de constitucionalidad porque atribuir bandas de frecuencia a las empresas de telefonía móvil es potestad del Congreso”.
“Luego de tres años, el Gobierno Nacional sigue recurriendo a los decretos demostrando una incapacidad técnica para gestionar las comunicaciones, que es un sector estratégico en un país con las desigualdades socioeconómicas y geográficas como el nuestro”, finalizó diciendo el legislador y flamante candidato a gobernador por el PJ en La Pampa.
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