Santa Rosa (2b) – El tema de las antenas suma un nuevo actor al debate ya que el Ejecutivo provincial trabaja en un proyecto de ley que regule, en forma uniforme, la temática en La Pampa. La subsecretaria de Ambiente de la provincia pidió una evaluación de impacto ambiental a los municipios que tienen instalada una antena.
Días atrás, la polémica surgió cuando el municipio autorizó la colocación de antenas de telefonía en espacios públicos pero la CPE puso el grito en el cielo. Finalmente, la municipalidad de Santa Rosa dio marcha atrás con la resolución pero quedó expuesta la situación. Incluso en medio de la disputa, se conoció el caso de Toay donde una antena de telefonía funciona en medio de un barrio y a metros de una estación transformadora de la CPE.
Ahora, a través de una nota enviada a todos los intendentes, el subsecretario de Ambiente de la Provincia, Fabián Tittarelli, recomendó solicitar una evaluación de impacto ambiental a todas las instalaciones de base de telefonía móvil (celulares), radar, etcétera, que se hallen instaladas, o a instalarse, en cada ejido municipal.
El motivo de la petición es la aplicación de la Ley N° 25.675, de Presupuestos Mínimos General de Ambiente, en su artículo 4°, que establece “la interpretación y aplicación de la presente Ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: …Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente…”.
El tratamiento del tema se debe a potenciales efectos nocivos que la radiación no ionizante de las antenas de Radio Frecuencia (RF) de telefonía celular móvil podrían producir sobre la población (problemática sujeta a discusión en ámbitos científicos, técnicos y académicos) que han llevado a tomar medidas respecto a su instalación en nuestro país.
Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, recuerda Tittarelli, la cuestión ambiental es primariamente responsabilidad de los Municipios y Comisiones de Fomento; atento la complejidad y posible afectación de la salud de la población y el cuidado del ambiente, “el Gobierno provincial se encuentra elaborando un proyecto de ley general que regule en forma uniforme esta cuestión en todo el territorio de la Provincia”, finaliza el subsecretario.
