Buenos Aires (2b)- El gobierno de Mendoza anunció que el 18 de diciembre saldrá la licitación para la represa de Portezuelo del Viento, obra a la que se opone férreamente nuestra provincia y que, según los cuyanos, ya está acordada con el ministro del Interior Rogelio Frigerio. El anuncio corrió por cuenta del subsecretario de Energía mendocino, Emilio Guiñazú, quien además de poner fecha, detalló: «Pudimos constatar que los pliegos están en orden, también la documentación que se requiere para hacer la obra mediante participación público privada (PPP)», dijo. Lo cierto es que, de darse todas estas predicciones, la obra recién podría ortorgarse en un año, cuando termina el mandato de Macri. Y antes de eso, por si fuera poco, pesa el rechazo de La Pampa al informe de impacto ambiental.
A fines de noviembre pasado, las universidades de La Plata y del Litoral presentaron los estudios estratégicos de impacto ambiental, que descartaron riesgos para la cuenca.
En rigor no hubo confirmación desde el gobierno nacional, pero atento a la estrecha relación de Nación con la provincia vecina que conduce el radical Alfredo Cornejo, es probablemente que el aviso se concrete. Es más: Según los mendocinos, en un cable que reprodujo la agencia estatal Télam, el tema fue considerado durante un encuentro entre el ministro del Interior Rogelio Frigerio y Cornejo.
Guiñazú, a su vez, dijo que tras reunirse en Buenos Aires con representantes del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía provincial, el Orsep (organismo regulador de seguridad de grandes presas), las secretarías nacionales de Recursos Hídricos y de Participación Público Privada (PPP), y la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) para evaluaron el proceso y habrían concluido que el 18 de diciembre se puede hacer el anuncio.
El ministro Guiñazú indicó además que «se están concluyendo los análisis de riesgo que se ponen a disposición de los inversores para que analicen el proyecto y lo puedan financiar bajo la modalidad de PPP».
La represa, que según Mendoza busca el aprovechamiento hidroeléctrico de los caudales del Río Grande, podría controlar las crecidas, proveer agua para el consumo humano, riego y uso industrial, además de generar energía eléctrica.
Según el gobierno de Mendoza, las empresas oferentes deberán cumplir con requisitos como experiencia técnica en obra civil y en electromecánica y capacidad financiera para garantizar el cierre del proyecto. También está incluido el compre nacional, en el que se especifica que 90% de la mano de obra tiene que ser local, con un fuerte impacto de creación de empleo provincial.
Mendoza retoma el argumento sobre la actuación de las universidades de La Plata y del Litoral que presentaron estudios estratégicos de impacto ambiental, que descartaron riesgos para la cuenca. Y aseguran que «una vez presentados los prepliegos y la información de los inversores se abrirá un proceso de consulta transparente».
Los funcionarios mendocinos estiman que el tiempo de preparación de las ofertas rondará los seis meses, con lo cual la adjudicación tendría lugar durante la primavera de 2019. Sin embargo, los plazos seguramente se extiendan al fin del mandato de Macri. ¿Llegarán?
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