Buenos Aires y Santa Rosa (2b)- Apenas se oficializó el fallo de la Corte Suprema en noviembre desde dosbases hicimos ruido con la confirmación de La Rosada: el gobierno nacional estimaba la deuda por fondos coparticipables con La Pampa en «bastante menos de 3 mil millones», muy lejos de los entre 5 mil y 8 mil millones calculados por el ministro de Hacienda provincial Ernesto Franco. Este martes, el ministro de Justicia Germán Garavano dejó en claro los ejes de negociación de Nación, al acordar en un encuentro con autoridades pampeanas el capital de esa deuda por el descuento irregular de la coparticipación: 2.132 millones. A la vez, dejó una oferta que no cayó nada bien en cuanto al cálculo de los intereses, de sólo el 6 por ciento anual. Este miércoles, según anunciaron, el gobierno provincial estudiará la situación y definirá los pasos a seguir en el marco de esta negociación que tiene, desde el 6 de noviembre, un plazo de 120 días para alcanzar un acuerdo, según fijo la Corte.
La reunión se desarrolló en la cartera de Justicia y Derechos Humanos de Nación, encabezada por Garavano y Franco en representación de La Pampa, junto al procurador general Hernán Pérez Araujo, el subsecretario de Hacienda Guido Bisterfeld, el subsecretario de Ingresos Públicos, Alejandro Vicente y el Fiscal de Estado, José Vanini.
Pérez Araujo, vocero del encuentro, señaló que “Garavano estuvo con parte de su gabinete y dos abogadas de la AFIP que participaron de la reunión anterior», y agregó: «Lo que acordamos es el capital. Se estableció en 2.132 millones de pesos. Hay diferencias mínimas, pero diría que en el capital ya hay acuerdo, no en los intereses”, explicó.
Detalló que el ministro Garavano ofreció un interés del 6%, al que calificó de «irrisorio». Además La Pampa advirtió que San Luis está avanzando en la Corte Suprema con una demanda para la fijación de algún tipo de interés, algo que también evalúa el gobierno socialista de Santa Fe, las otras dos provincias que tienen fallos favorables como el de La Pampa.
«Al no habernos puesto de acuerdo en el interés se recibió la propuesta y se va a realizar una nueva reunión en febrero, para ver si se puede ajustar esto, atento a que provincias como San Luis ya vienen llevando adelante ante la Corte Suprema de Justicia la aplicación de otra tasa de interés, mucho más beneficiosa para la provincia”, agregó.
La Pampa considera que se debe aplicar la tasa pasiva del Banco Nación, “que no es del 6% como plantea el Gobierno nacional, que es una tasa beneficiosa para el deudor, en este caso”.
En la continuidad de las tareas, “se continuará trabajando en los números a través del Ministerio de Hacienda, el contador Franco junto a su equipo están trabajando, ajustando los números, arribando a la suma definitiva que entendemos es la adeudada, insisto, me parece que es bueno haber acordado el capital y lo fundamental ahora es definir cuál es el interés aplicable para el stock de deuda y cuál va a ser la forma de pago”.
¿Qué dijeron a 2b?
“La Pampa pidió además que no se agote en esta alternativa, sino que contemple la construcción de viviendas sociales”, afirmo el Procurador. Por otro lado los funcionarios pampeanos del Ministerio de Hacienda pidieron que se tenga en cuenta un mix de dinero y bonos, ante un eventual futuro acuerdo.
Con este panorama, desde 2b consultamos a voceros del Ministerio del Interior de Nación, que reiteraron que en el caso de La Pampa se aplica el mismo protocolo que en el resto de las provincias: «Existe la intención de reconocer ese fallo pero se pagará lo que corresponde», señalaron, sosteniendo lo mismos argumentos de noviembre: la deuda «es entre 2,5 y 3 mil millones con intereses incluidos».
El 4 noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia falló a favor de La Pampa en el juicio por las retracciones que la Nación le hizo a la Provincia desde 2001 por un decreto que redujo los fondos coparticipables del Estado nacional. Por mayoría, los jueces establecieron que este tipo de cuestiones no puede decidirse por decreto del presidente de la Nación, sino a través de un acuerdo entre las provincias y el Estado nacional en el Congreso.
