¡Menos mal que renunciaste! Otro DNU de Macri desaparecerá la secretaría de Deportes que manejó Mac Allister; temen por el trabajo de 450 personas

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Santa Rosa y Buenos Aires (2b)- El hasta ahora reemplazante de Carlos Javier Mac Allister al frente de la Secretaría de Deportes de Nación, Diógenes de Urquiza, anunció que “entre el lunes o martes próximo”, Mauricio Macri firmará el DNU para bajar el rango al organismo, que pasaría a ser agencia. El polémico proyecto es cuestionado y catalogado como una virtual «privatización del deporte». El ahora candidato a gobernador del PRO en La Pampa, renunció hace dos meses al organismo para «abocarse de lleno» a la campaña, e incluso destacó que es el único que tuvo tal gesto. Lo cierto es que a partir de este panorama, se generó preocupación por el destino de 450 trabajadores del Cenard.

La información fue confirmada por el portal EPHECTOsport  (https://ephectosport.com.ar/ , del prestigioso periodista Ernesto Rodríguez III. Precisamente, el especialista en temas deportivos, cuestionó en su momento la gestión del pampeano, principalmente por subejecutar las partidas presupuestarias, que se tradujeron en una posterior baja de fondos en el presupuesto para el área, que tampoco habría mostrado muchos avances.

EPHECTOsport dio a conocer la existencia de este proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se gestó en el seno de Cambiemos para convertir a la Secretaría de Deporte de la Nación (SDN) en la Agencia de Deporte Nacional (ADN), una entidad mixta que no sólo marca un descenso en el organigrama del Estado sino que implica una potencial privatización del deporte público, reseño el periodista.

El escrito. señala Rodríguez III, había pasado por varios despachos oficiales y quedó en manos de autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La publicación de este informe trocó los planes del secretario de Deporte Diógenes de Urquiza, quien pensaba tener una semana de promoción del proyecto puertas adentro y una recorrida informativa por los medios afines.

La catarata de consultas sobre el destino de los 450 trabajadores que tienen relación directa sólo en el Cenard; la posibilidad de venta de unas 700 hectáreas bajo supervisión de SDN que enumeró Gustavo Veiga (Cenard, Ezeiza y Esteban Echeverría) –habría que agregar otras 124 hectáreas de la Pista Nacional de remo en Tigre–; así como el eventual arancelamiento de todas las actividades deportivas obligaron a las autoridades a modificar el rumbo. Hubo muchas promesas, pocas seguridades, aunque a De Urquiza se le escapó el miércoles 23, ante presidentes de federaciones deportivas y trabajadores una sentencia: “el decreto se firma el lunes (28) o el martes (29)”.

En ese marco, Ernesto Rodríguez III se preguntó «¿Qué apuro tiene el deporte nacional, con un presupuesto asignado y una estructura en funciones, para solicitarle al presidente que saque un decreto de necesidad y urgencia, un procedimiento pensado para situaciones excepcionales cuando sea imposible seguir los trámites para sancionar leyes mediante el Congreso? ¿Por qué no esperar cinco semanas hasta que el Congreso inicie sus sesiones ordinarias, el viernes 1º de marzo, y debatir como corresponde un “programa de gestión a 20 años”, como reza el proyecto en sus considerandos? Esta normativa fue iniciada por gobiernos de facto y se “normalizó” durante el mandato de Carlos Saúl Menem dándole al Poder ejecutivo facultades similares al Legislativo, lo que bordea la anticonstitucionalidad».

El artículo destaca que, de hecho, el proyecto de nueve páginas del decreto que propulsa el tándem De Urquiza-Fernando Marín, pasó por tres reparticiones para su evaluación: la Subsecretaría Legal y Administrativa de la Secretaría de Presidencia de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto en el Ministerio de Hacienda y el AABE. En el frío lenguaje técnico de los legistas, tanto Néstor Scarlatta (director general de Asuntos Jurídicos) expuso en sus conclusiones que “queda a criterio del Poder Ejecutivo Nacional evaluar si se reúnen en el presente caso las aludidas ‘razones de necesidad y urgencia’ que justifiquen el dictado del acto administrativo tal como ha sido proyectado”. En criollo: el jurisconsulto no entiende el apuro y establece que queda en la conciencia de Mauricio Macri sacar la ley por DNU en lugar de realizar los pasos habituales. La misma duda razonable la planteó en su evaluación Analía Sánchez Zolezzi (subdirectora de la Oficina Nacional de Presupuesto).

El periodista explicó que la premura está dada en la misma naturaleza del DNU, que una vez firmado por Macri debería ser ratificado en diez días hábiles por una comisión bicameral. Claro que, al estar en receso el Congreso, los plazos pueden extenderse. Sea ratificada (o no) la creación de la ADN por los legisladores, el ente puede ponerse en funciones en cuanto esté firmado el documento por lo que todos los actos jurídicos en “el mientras tanto” (cualquier contrato suscripto) serán válidos aún cuando el Congreso establezca posteriormente la nulidad de la normativa.

Aun más. Especialistas técnicos de SDN especulan que la puesta en juego del AABE tiene que ver con un plan inmobiliario que excedería las actuales posesiones de SDN porque AABE (una virtual inmobiliaria del Estado) puede disponer de inmuebles de otras reparticiones y brindárselas en comodato a otra entidad. Ya se especula que uno de los focos estará puesto en el complejo de nueve hoteles de Chapadmalal cuya gestión está bajo la órbita de Turismo.

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