Te veo en Tribunales: Verna no le perdona ni una a Macri; otra vez a la Corte contra el DNU que habilita el despojo de la fibra óptica

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Santa Rosa (2b)- El Atuel, la retenciones de copartipación, ahora el Decreto de Necesidad y Urgencia de Mauricio Macri que habilitó a los grandes prestadores de telecomunicaciones a hacer uso de los espacios de cooperativas y la empresa estatal que presta servicio de fibra óptica en la provincia. Todo en la Corte Suprema de Justicia, el lugar en el que el gobierno pampeano busca refugio ante cada embestida de Nación. Es que este jueves el gobernador Carlos Verna anunció la presentación de un recurso ante el máximo tribunal del país que tiene dos objetivos: que se declare inconstitucional el decreto que habilita a las grandes prestadoras a usar la infraestructura de las Comunicaciones en la provincia y, mientras se resuelve, quede sin efecto dicha aplicación.

El anuncio lo formuló el propio Verna a través de las redes sociales, donde detalló: «Creamos Aguas del Colorado definiendo que la fibra óptica fuera propiedad del Estado Provincial. Presentaremos un recurso ante la Corte Suprema de Justicia contra el DNU de Macri que pretende pasar la infraestructura de comunicaciones del país a manos de intereses corporativos».

El DNU de Macri fue consecuencia de un debate álgido en el Congreso que tuvo como protagonista al diputado nacional y ahora candidato a reemplazar a Verna, Sergio Ziliotto, quien en diciembre del año pasado logró frenar el polémico proyecto en la Bicameral que trataba la denominada «Ley Corta». Aquella vez, el secretario de Modernización Andrés Ibarra decidió «retirar» el proyecto oficial, ante la catarata de objeciones y cambios propulsados por Ziliotto y otros legisladores opositores. Sin embargo, en pleno verano el presidente Macri aplicó la norma por decreto.

La Resolución Nº 3/19 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aprobó un reglamento de “compartición de infraestructura”, que norma el procedimiento y las condiciones relativas al acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva de propiedad de las cooperativas y de los Estados provinciales, por parte de las grandes prestadoras de servicios de cable y telefonía celular. En definitiva, autoriza que la infraestructura comunicacional de cooperativas, municipios y provincias pueda ser usada por grandes corporaciones.

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