Buenos Aires y Santa Rosa (2b)- La tercera reunión entre La Pampa y el gobierno nacional, representado por el ministro de Justicia Germán Garavano, devolvió a La Pampa al punto de partida desde que el 6 de noviembre la Corte pronunció el histórico fallo en favor de la provincia por la detracción ilegal de coparticipación. Es que, según confirmaron autoridades del gobierno provincial, el encuentro concluyó abruptamente ante la negativa de Garavano a firmar un acta en la cual se reflejaba la coincidencia sobre el valor histórico de la deuda y el rechazo al cobro en obras públicas. La postura de Nación quedó plasmada a poco de que la Corte Suprema falló en favor de San Luis por un juicio similar, pero por mucho más dinero. Precisamente, el gobierno nacional ahora quiere ese camino para dilatar el pago: Negarse al acuerdo para dirimir en juicio.
La tercera reunión de funcionarios provinciales con Garavano y funcionarios de la AFIP se desarrolló este martes, enmarcada en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el juicio ganado por La Pampa por la retención indebida del 1.9%, que marcó plazo de negociación de 120 días a partir del fallo. Las reuniones comenzaron a finales del año pasado, pero la tercera fue un fracaso total.
Es que Garavano, en detrimento de su compromiso, se negó a firmar un acta de la reunión en la cual se reflejaba la coincidencia sobre el valor histórico de la deuda y el rechazo al cobro en obras públicas. La negativa estuvo centrada en no reconocer en el escrito la aplicación de Interés Simple y la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina y la metodología de cálculo establecida por la Circular B 14.290, que ya han sido resueltos por el máximo organismo de Justicia nacional en otro fallo similar del 19 de febrero de este año, que estableció iguales parámetros de cálculo para con la Provincia de San Luis.
También surgieron diferencias en cuanto a la forma de pago, ya que desde el Gobierno nacional ofrecieron abonar el importe del juicio con obras viales y de aeropuertos, obras que por ser de jurisdicción nacional, deben realizar de todos modos.
Es por estas razones que las negociaciones han sido consideradas por concluidas por el Gobierno nacional que sugire seguir el mismo camino judicial recorrido por las provincias de San Luis y Santa Fe en cuanto a la ejecución de la sentencia, evidenciando la nula predisposición a llegar a un acuerdo y llevando todo al ámbito judicial lo cual retrasará considerablemente los tiempos de cobro de las acreencias provinciales.
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