Buenos Aires (2b)- La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York denegó hoy la apelación de la República Argentina y de YPF de reconsiderar su fallo de la semana pasada, que había dejado en firme una sentencia de primera instancia en el caso iniciado por el fondo Burford Capital tras la compra del Grupo Petersen, ex accionista de la petrolera.
De esta manera, el tribunal ratificó su fallo del 19 de abril en el que había confirmado lo dispuesto en primera instancia por la Corte de Distrito Sur de Nueva York, a cargo Loretta Preska, en el que se consideró que la Argentina violó los términos de la expropiación de la empresa.
Fuentes oficiales explicaron que la semana pasada la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso urgente de apelación advirtiendo sobre la vigencia de un «stay» que está en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, a lo que el Tribunal de Apelaciones respondió hoy con la denegación del pedido y habilitando a la jueza Preska a continuar con sus actuaciones.
La causa -que podría contemplar una demanda por unos US$ 3.000 millones- fue iniciada por el fondo Burford luego de comprar en la justicia española los derechos para litigar, en el contexto del proceso de quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora.
Las fuentes explicaron que esta medida no es el fin de la causa sino que a la Argentina le quedan recursos ante la propia Preska, la Cámara y la Corte Suprema de Estados Unidos.
La decisión de la Corte de Apelaciones estadounidense se dio en el marco de una decisión todavía pendiente de la Corte Suprema de dicho país sobre la jurisdicción en la cual se deberá llevar a cabo el proceso, cuestión solicitada por la Argentina.
En enero, el máximo tribunal norteamericano solicitó al gobierno del presidente Donald Trump opinión al respecto.
El caso fue presentado en 2015, luego que el fondo adquirió las dos empresas españolas que eran propietarias del 25% de las acciones cuando se nacionalizó la petrolera.
En el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debía darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, pero en el gobierno anterior decidieron no hacer eso.
Por el contrario, el argumento de la demanda es que el Estado argentino decidió expropiar 51% de paquete accionario en manos de Repsol solamente, lo que configuraría la ruptura de las leyes internacionales y que habría derivado en la imposibilidad de Petersen de hacer frente de dos prestamos que había recibido la empresa de US$ 3.000 millones.
