Buenos Aires y Santa Rosa (2b)- La Pampa viene con el pie derecho dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es que en las últimas horas, el gobierno de Carlos Verna recibió otra palmadita en la espalda en una de las tantas pujas con el gobierno de Mauricio Macri: Es que el máximo tribunal del país, siguiendo el dictamen del Procuradoría, aceptó intervenir en la demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Estado Nacional por la millonaria deuda que el gobierno provincial está reclamando por el incumplimiento de Nación respecto de su obligación de cubrir los déficits de las cajas jubilatorias no transferidas. Se trata de unos 430 millones de pesos, que La Pampa -en soledad- se negó a dejar de reclamar pese a las presiones para firmar el Pacto Social.
La Corte la hizo corta, valga la redundancia y dictaminó po voto unánime de sus cinco integrantes Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, ratificando la opinión de la Procuración General de la Nación, que recomendó que la Corte debía entender en el litigio.
El reclamo fue sostenido por el gobernador Carlos Verna a pesar de las presiones de Nación, principalmente del ministro del Interior Rogelio Frigerio, que en su momento hasta le advirtió al gober que si no firmaba el pacto fiscal sería “socio de la pérdida de los pampeanos”.
Igualmente la provincia siguió con el curso de su queja para que Nación pague las deudas que acumuló con La Pampa entre los años 2009 y 2014 y una diferencia respecto del período 2016. Finalmente, desistió del reclamo de esta última, pero continuó respecto de lo demás.
El aporte de fondos exigía la firma del Consenso Fiscal, al cual la provincia nunca adhirió, en soledad con San Luis, únicos dos distritos. Mientras ahora se sustancia el juicio, de más de 400 mil millones, el déficit del ISS se financia con la devolución gradual del 15% de la coparticipación.
El condicionado financiamiento del sistema previsional que lanzó al presidente Mauricio Macri se cristalizó con un decreto en el cual se exigió que para recibir fondos las provincias tenían que tener firmado el Consenso Fiscal. La Pampa, al igual que con la detracción ilegal de fondos coparticipables, buscó el camino de la judicialización.
Frigerio siempre pataleó contra el reclamo pampeano: Aseguró que la provincia reclama que se le financie la totalidad del déficit de su caja previsional de 2016. “Es decir, no solo los componentes que ha armonizado al sistema previsional nacional. Esto representaría 430 millones de pesos adicionales a los 900 que se transfirieron en 2016. La Nación no puede hacerse cargo de todo el déficit porque eso generaría que el resto de las provincias reclamen el mismo pago extraordinario. Además, generaría grandes inequidades entre los jubilados de La Pampa y los del resto del país”, dijo en su momento.
Pero lo mejor vino después, cuando se le advirtió a La Pampa que al no ratificar el pacto perdería el famoso Fofeso, el fondo de la soja: “Van a perder más de 500 millones los municipios y el gobernador los está haciendo socios de la pérdida”, chicanearon. El Fofeso, al fin de cuentas, le fue quitado a todas las provincias, y La Pampa no levantó el juicio.
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