Santa Rosa (2b)- La Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud confirmó este sábado que contactó a la joven Tamara Girabel, a quien formalmente ya ingresaron como paciente para realizarle un estudio clave que le negó su obra social y que tiene que determinar la vitalidad del embrión. La joven, de 23 años y mamá de otro nene de 5 años, cursa 16 semanas de embarazo y debe practicarse una Interrupción Legal de Embarazo (ILE). Tamara había denunciado que en el hospital público una médica de guardia le negó la posibilidad de realizar allí la práctica aduciendo que era «pecado». La repercusión del caso, ahora, movilizó los trámites burocráticos y la joven mamá puede respirar aliviada. Fuentes del gobierno reconocieron a dosbases que «si bien en principio fue atendida y acompañada por una médica, en la segunda oportunidad se actuó de manera incorrecta» con la chica.
Tenemos la versión oficial y la no oficial. Ambas más que valederas y, en cualquier caso, todo concluye en un final de alivia para Tamara. En resumen la joven mamá la segunda vez que fue al Molas se encontró con la intransigencia de una médica, que no la quiso ayudar. Una semana antes, había sido debidamente acompañada y contenida, mientras peregrinaba contra la negativa de obra social: «Esto nos sirve para ajustar clavijas, la verdad es que a veces nos encontramos con algunas barbaridades (de algunos médicos) pero la ley es clara y la decisión del gobierno de cumplir con la ley también», dijeron a 2b.
Paralelamente, un comunicado oficial del gobierno confirmó de manera más formal y eufemística: «Se contactó a la paciente, la cual se asistía en el subsector privado. La misma fue derivada al hospital ya que su obra social le niega el pago de un estudio para determinar la vitalidad del embrión. Dicho resultado podría ser causal de una ILE. Para poder realizar los estudios se requiere la negativa formal de la obra social (así lo exige la ley)», aclararon.
Sin embargo la joven, que fue abandonada a la buena de Dios hace más de dos semanas, ya se había presentado en el Molas en dos oportunidades. Incluso le pidieron que vuelva «con ropa» para ser internada, aunque luego se encontró con una negativa en la propia guardia, por parte de una médica que podría afrontar un sumario.
Pero lo importante es que desde Salud confirmaron que el lunes el director del hospital se reunirá con Tamara para coordinar los trámites administrativos y luego la acompañarán en todo el proceso: «El gobierno cumple con la ley de la ILE. Es bueno aclarar que nunca se negó su atención. La obra social niega la prestación. El estado presente asistirá a la misma», reafirmaron desde el Ministerio, aunque no brindaron explicación alguna del por qué de las negativas sucitadas anteriormente. Oficialmente, claro.
De hecho, Salud posee hasta dos equipos especiales para el cumplimiento de la ILE, que tratan embarazos anteriores y posteriores al segundo semestre. Tamara cursa su 4 mes, y los médicos y especialistas ya le llevaron tranquilidad y garantías que, en caso decirse la intervención, se podrá concretar con todas las garantías del caso.
La historia de Tamara fue sacada a luz por 2b ayer: Ella se atendía en un centro privado, fue enviada al hospital público aduciendo que allí sólo se practica el protocolo. Sin embargo, tras una primera visita en la que chequearon la situación y le dieron cita para la semana siguiente, cuando fue a cumplir con el procedimiento se encontró con otra respuesta: le dijeron que el aborto no está legalizado y que es pecado. Y más aún, que con obra social debería asistir a un centro privado, lo cual era cierto…. pero sólo en parte, dado que el Estado tiene la obligación de asistir estos casos.
Lo cierto es que Tamara contó el «calvario» que empezó a vivir hace 10 días, cuando en una ecografía le advirtieron que su bebé «no estaba bien, con líquido en todas partes del cuerpo y que ni siquiera saben cómo está latiendo el corazón», según contó.
Se atendía en Torre Médica, pero allí «La única solución, me dijeron, es la interrupción de embarazo porque no puedo correr riesgos de acá a dos o tres meses. Desde que me hicieron esa eco, mi doctor se fue de vacaciones, y quedé a cargo de otra doctora que me cobraba las consultas. Pago la primera para que me diga que es lo que está pasando y me asegura que las cosas no están bien, me deriva con un genetista y me dan para hacer una punción que sale 20.000 pesos, pero ninguna obra social la autoriza», amplió su relato.
Así fue que acudió al hospital Lucio Molas a que se practique la interrupción de embarazo. El viernes pasado Tamara fue por primera vez: «Me atendió una médica de guardia, vio el informe y me dijo que con los problemas del bebé estaba en riesgo mi vida. Me dijo que vaya el miércoles a primera hora con una mochila con ropa para que ya me dejen internada . Pasaron 4 días por el finde largo, voy el miércoles a primera hora pero otra médica de guardia me dice que no es para una interrupción, que es un bebé compatible con la vida , que ellos estarían pecando. Le intenté explicar que es un bebé con problemas, un bebé con una mala formación , pero no me atendieron», reseñó.
Ante su insistencia, llamaron a la encargada de guardia de ginecología, contó la mujer: «Me dijo que el Aborto no está legalizado, aunque mi vida esté en riesgo no les importó. Me dijeron Que tengo obra social y que ellos están para amparar a las personas que no tienen obra social , sabiendo que mí obra social se hace cargo de todos los gastos… Me sacaron cagando y poco más me dijeron que aunque el bebé naciera muerto es compatible con la vida», graficó.
Ahora, finalmente, Salud Pública respondió a partir de conocerse los pormenores del caso. El lunes, el Estado finalmente estará acompañado a Tamara, como marca la ley.
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