Que caiga alguno: Berhongaray anunció que luchará contra la prescripción de causas contra funcionarios; sólo el 1,5% llega a juicio

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Santa Rosa (2b)- El candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Martín Berhongaray, aseguró que en caso de llegar al Congreso trabajará para impulsar una reforma del Código Penal que prohiba la prescripción de las investigaciones judiciales por delitos cometidos por funcionarios públicos. Según datos del fuero federal, sólo un 1,5% de las causas llegan a un juicio oral, con poco menos de un 70% de causas abiertas y casi 30 % con algún otro tipo de resolución, ya sea una desestimación, un sobreseimiento o la prescripción.

Berhongaray tiró la idea en el último encuentro desarrollado en el Club Independiente de la ciudad de Santa Rosa, donde se congregaron diferentes dirigentes del orden provincial en apoyo a las candidaturas del Frente Juntos por el Cambio. Estuvieron presentes, entre otros, el Presidente del Comité Provincial de la UCR Julio Pechín, el Presidente de Propuesta Federal Martín Ardohain, el Presidente del MID Matías Francisco Traba, el Senador Nacional Juan Carlos Marino, el intendente Leandro Altolaguirre, el presidente del Comité Capital, Hipólito Altolaguirre, y el diputado electo Francisco Torroba. 

En ese marco Berhongaray expuso los diferentes ejes de su campaña entre los que destacó el impulso de una reforma del Código Penal para prohibir que prescriban las investigaciones judiciales por delitos cometidos por funcionarios públicos. Allí expuso que «resultarán alcanzados los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho, lavado de activos, entre otros cometidos en perjuicio de la administración pública».

“Hay que trabajar para revertir la historia de nuestro país, donde muy pocas investigaciones por delitos cometidos contra la administración pública encontraron una rápida y justa solución”, señaló respecto al magro 1,5% que, según la propia justicia argentina, alcanza a juzgar.

Berhongaray sostuvo que “en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos siempre es más importante el interés general de que la sentencia que se dicte se funde en un análisis completo de todos los elementos de prueba, y ese examen completo sólo lo garantiza el desarrollo del juicio oral y público”.

Agregó que “ningún derecho humano puede ser efectivamente garantizado si el Estado se convierte en un instrumento de corrupción, porque esos desvíos de fondos terminan por distorsionar la distribución de bienes y la regulación de derechos”.

Completó su razonamiento diciendo que “es indispensable alcanzar la certeza sobre el hecho y su autoría. Y para eso es fundamental impedir que, por vía de prescripción, se suprima el debate oral y el dictado de una sentencia”.

Por último Martín Berhongaray afirmó que “vamos a dar desde el Congreso Nacional una señal clara y concreta sobre la necesidad de sancionar y castigar los delitos cometidos por funcionarios públicos”.

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