Santa Rosa (2b) – Un empleado municipal fue formalizado hoy por varios delitos contra la administración pública. Se mandó una maniobra trucha en el sector donde trabaja y después hizo una denuncia por robo. No tuvo en cuenta las cámaras de seguridad ni los “papeles” que lo incriminaban.
Jorge Alberto Kunt, un empleado de la Municipalidad de Santa Rosa, fue formalizado hoy por los delitos de falsa denuncia en concurso real con fraude a la administración pública, en concurso ideal con peculado.
La formalización estuvo a cargo del juez de control, Néstor Daniel Ralli, a partir de un pedido del fiscal general de Santa Rosa, Máximo Paulucci, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública de la Primera Circunscripción Judicial. Éstuvo acompañado por la fiscal adjunta María Micaela Succurro y, a su vez, al imputado lo acompañó el defensor particular Juan Carlos Resia.
Kunt, de 47 años, que se desempeña en la playa municipal –ubicada en el parque industrial– quedó imputado por los tres delitos que se desarrollaron casi como en una película, de bajo presupuesto y peor guión.
E 12 de agosto pasado, Kunt le habría entregado a su dueño un Renault 9 que se encontraba retenido por el Juzgado Municipal de Faltas a cambio de 3.000 pesos, sin que estuviera ordenada la restitución del vehículo. Además ese dinero no ingresó a las arcas comunales.
Ese mismo día, Kunt denunció en la Seccional Sexta que, mientras cumplía sus funciones laborales en la playa municipal, constató el faltante del Renault 9. No sólo mintió con la denuncia sino que también acusó a la policía al propietario del veh{iculo, quien se lo podría haber llevado porque tenía las llaves. “Lo hizo con pleno conocimiento de que lo denunciado no era cierto, ya que él mismo le había permitido al propietario retirar el vehículo, luego de cobrarle 3.000”, indicó la fiscalía.
Paulucci dijo que, entre otras pruebas, existe un video que compromete a Kunt, donde se lo ve entregándole el auto a su dueño, la declaración de éste afirmando que abonó dicha suma y una fotocopia de autorización de entrega en blanco, donde consta un número diferente al del acta de la infracción cometida por el Renault 9.
El juez Ralli, además, a requerimiento de la fiscalía, ordenó la apertura del celular que se le secuestrara al empleado público en su lugar de trabajo y dispuso su prisión preventiva, aunque sustituida por una prohibición absoluta de comunicación y contacto, a menos de 200 metros, con cinco testigos de la causa.
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