Se van para la casa con el Pacto roto: Hace un año sólo La Pampa y San Luis, hoy son 20 las provincias con juicios a Nación por 300 mil millones

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Buenos Aires y Santa Rosa (2b)- Los planes de Cambiemos para gobernar se centraron hace más de 3 años en «bajar la litigiosidad contra el Estado». Con ese fin el macrismo apretó y apretó con el Consenso Fiscal firmado a finales de 2017 y que tuvo como corolario que en agosto de 2018 la Corte Suprema de Justicia cerrara las diferentes causas que habían entablado quince provincias contra el Estado Nacional por reclamos impositivos y de transferencias de ingresos que sumaban reclamos por 740.000 millones de pesos. Sólo La Pampa y San Luis decidieron mantener sus demandas, que finalmente ganaron y aún no cobraron, lo que generó la enemistad eterna de Cambiemos. Pero el panorama cambió y mucho: En la actualidad son 20 las provincias que entablaron demandas contra Macri, que suman reclamos por más de 300 mil millones.

El Máximo Tribunal sigue recibiendo demandas contra el Estado nacional como consecuencia de diferentes medidas que tomó la administración Cambiemos y que repercutió en el reparto de fondos para las provincias. En 2018 el gobierno nacional subrayaba, casi con satisfacción, que sólo le quedaban demandas con San Luis y con La Pampa.

Pero ese escenario cambió radicalmente, y el gobierno de La Pampa también siguió con demandas en esta nueva era: Una por el congelamiento de combustibles y otra por la quita del IVA a los alimentos. Claro, en total Macri recibió demandas de 20 estados, bastante más que aquel binomio solitario de Verna y Alberto Rodríguez Saá.

La semana pasada la Corte recibió la autorización para comenzar a tratar las demandas presentadas por quince provincias respecto de la medida de reducción de IVA, Ganancias y el congelamiento del valor del crudo que dispuso la Casa Rosada hasta diciembre próximo y que significa una caída en ingresos coparticipables y, en el caso de las petroleras Neuquén, Río Negro y La Pampa, que verán afectados sus ingresos por regalías, la reducción de la actividad y el riesgo de las inversiones.

En total reclaman alrededor de $ 40.000 millones y la cifra podría aumentar si se suman municipios que, en cascada, también pierden fondos vía la coparticipación. Pero la pesada herencia judicial no sólo está compuesta por estas denuncias. Esta semana se presentará ante la Corte nuevamente la provincia de San Juan que reclama $ 880 millones impagos de Vialidad Nacional. Y no es la única que reclama pagos atrasados.

En la misma línea se encuentra Santa Fe que firmó el Consenso bajo el acuerdo de encontrar una forma de pago en donde el Estado nacional cancele una deuda con la provincia de $ 80.000 millones, algo que hasta ahora no sucedió.

En 2017 con la firma del Consenso Fiscal se «limpiaron» demandas contra el Estado por $ 740.000 millones

Lo mismo le sucede a San Luis y La Pampa que no firmaron el Consenso Fiscal. En el caso de la administración de Alberto Rodríguez Saa reclama una deuda de $ 16.000 millones por coparticipación retenida entre 2006 y 2015 para financiar a la Anses y la AFIP. Frente a la negativa de pago la provincia puntana está estudiando embargar a la Nación por esta deuda. Por el lado de La Pampa encaró un juicio de ejecución de sentencia por $ 4100 millones acumulada también por una detracción ilegal de su coparticipación.

En los últimos meses las provincias sumaron demandas contra el estado por alrededor $ 300.000 millones

Por último, un grupo de provincias está a la espera que se cumpla el plazo establecido por la Corte de 90 días para encontrar una solución a la demanda por el Fondo Sojero que eliminó el Gobierno y por el que Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Chubut reclaman u$s 1500 millones.

 

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