Santa Rosa y Buenos Aires (2b)- La gran mayoría de las provincias argentinas atraviesan un severo «estrés» fiscal, endeudadas hasta la médula, una situación que se agrava tras la debacle económica post-PASO, dado que desde hace tiempo los ingresos en las provincias son en pesos y, desde 2015, vienen recurriendo a la emisión de deuda en moneda extranjera. Según informes de distintas consultoras, los distritos suman pasivos en moneda extranjera por USD 20.000 millones. Las provincias más golpeadas por el endeudamiento «extranjero» son Santa Fe, con un 98% del total, Córdoba (95%), Chubut (87%), La Rioja (83%), Neuquén (83%) y Buenos Aires (82%). La contraparte, nuevamente, son San Luis y La Pampa, y en este caso también Santa Cruz. Los puntanos tienen deuda cero, mientras que Santa Cruz y el gobierno de Carlos Verna llegan a una deudas del orden de los 3 millones.
Tras conocerse el informe oficial sostenido desde un relevamiento de Infobae, desde dosbases consultamos al ministro de Hacienda Ernesto Franco respecto a los datos aportados en el informe, que posicionaban a La Pampa con un endeudamiento del 9%, estimado en 5 millones de dólares. Sin embargo, según confirmó el funcionario provincial, al 30 de agosto la deuda asciende 3.673.258 dólares. Igual, pequeña salvedad, diez días antes de las PASO la cartera de Hacienda pampeana tomó sus previsiones y adquirió 15 millones de dólares en el Banco de La Pampa. Compró a 45, y desde la derrota de Macri ahora ronda los 59.
«La situación financiera sigue siendo sólida. Las deudas se relacionan al Fondo de Garantía secundaria en pesos y lo relacionado a moneda extranjera quizás a créditos del BID o algún otro organismo para concretar obras públicas, aunque datan de tiempo atrás», explicó el ministro.
Igualmente, La Pampa y San Luis, principalmente, se mantienen como las más viables y fortalecidas financieramente. Según los reportes, las provincias acumularon emisiones de bonos en moneda extranjera por casi USD 14.000 millones entre 2016 y 2017, alentadas por la relativamente baja tasa de interés y la estabilidad del dólar, que evolucionó debajo del ritmo de la inflación.
Aunque no hubo nuevas colocaciones en 2018 y 2019, la incidencia de estos pasivos se incrementó debido a impactante devaluación del peso, que a partir de abril del año pasado perdió el 64% de su valor. Lo que es lo mismo que decir que el dólar se encareció un 175%, de 20,54 a 56,42 pesos en la cotización mayorista. En medio de ese panorama, el gobierno pampeano tuvo los reflejos necesarios para adelantarse a la nueva devaluación y logró blindar fondos por 15 millones de dólares.
Sin embargo, al sumar los créditos «blandos» -con baja tasa de interés- otorgados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de Fomento (CAF), el conjunto de la deuda en moneda extranjera de provincias y Ciudad de Buenos Aires asciende a unos USD 20.500 millones de dólares.
En líneas generales la situación es la siguiente: Aproximadamente un 73% del stock de deudas provinciales está nominado en moneda extranjera y este perfil supone un problema extra, pues las provincias recaudan en pesos, con pasivos que se pagan en divisas cada vez más caras. Y, a la vez, por efecto de la recesión económica, dicha recaudación crece a un ritmo inferior al de la inflación.
Hoy, las que tienen más comprometidos sus ingresos debido a los pasivos acumulados son Buenos Aires y Chubut. Para la primera, el stock de deuda representa el 83% de sus ingresos anuales, mientras que para la segunda, el 82 por ciento. También delicado, pero algo más holgado, es el ratio de deuda sobre ingresos de Córdoba (65%) y Jujuy (64%).
La provincia más expuesta al endeudamiento en moneda extranjera es Santa Fe, con un 98% del total, aunque dicha deuda representa apenas 17% de los ingresos fiscales anuales. Le siguen Córdoba (95%), Chubut (87%), La Rioja (83%), Neuquén (83%) y Buenos Aires (82%).
En ese sentido, un estudio del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) enfatiza que en 2018 y 2019 se observó una «caída en términos reales» de los ingresos provinciales –descontado al aumento interanual la inflación del período-, en un contexto de reducción de carga tributaria legal provincial -por la implementación del Consenso Fiscal- y la recesión económica, que genera normalmente aumento de la mora y evasión.
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