Santa Rosa (2b) – El Gobierno prevé disponer un aumento por decreto en enero de entre 5.000 y 8.000 pesos para empleados registrados estatales y del sector privado. El incremento sería a cuenta de la próxima paritaria, remunerativo, por decreto, y a partir de enero. Es parte del acuerdo al que llegó el Gobierno nacional con la CGT y las CTA, que fue confirmado por fuentes de la Casa Rosada, de cámaras empresariales y sindicatos. El anuncio se haría entre jueves y viernes próximos, cuando se termine de discutir la letra chica.
El artículo 58 de la ley de emergencia faculta a Alberto Fernández a intervenir en los incrementos salariales. No obstante, como compensación exime temporalmente a las empresas de la obligación del pago de aportes y contribuciones al SIPA, y prevé reducciones más beneficiosas para actividades específicas o en situaciones críticas, como las pymes.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pretende que el pago sea «remunerativo», pero a cuenta de futuros aumentos en la paritaria. También habilitaría el pago en cuotas en el caso de sectores de la economía que vienen muy golpeados.
«Vamos a dar un aumento para que los sectores que quedaron atrasados puedan negociar mejor su paritaria. Esto es un piso de la negociación salarial, queda incorporado al salario. No es un bono y será remunerativo», adelantó el ministro de Trabajo.
El principal problema para el Gobierno será cómo atenuar el impacto del bono sobre los precios, luego de que el presidente le pidió a las grandes empresas frenar las remarcaciones al menos hasta marzo próximo. «La política de precios y salarios tiene que ser convergente. Si los aumentos nominales se van a precios, no servirá de nada», admitió Moroni.
El jueves próximo, o a más tardar el viernes, el presidente prevé recibir a empresarios y sindicalistas para avanzar en esta iniciativa.
La remuneración promedio de los seis millones de trabajadores registrados del sector privado ronda los $ 43.000 netos, luego de los descuentos, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Pero unos tres millones de este total percibe un salario neto que ronda apenas los $ 35.000 -como ocurre con textiles y metalúrgicos-, y no alcanza a cubrir la canasta de pobreza, que en noviembre fue de $ 37.596, según el INDEC.
