Santa Rosa y Mendoza (2b) – Una multitudinaria marcha se dio lugar ayer en la capital mendocina en contra de la ley de minería sancionada el viernes pasado. La Casa de Gobierno de Mendoza estuvo custodiada por más de 500 policías que rodeaban el perímetro del edificio. Sin embargo, más allá de la manifestación en sí, desde lo político el Gobierno está decidido a avanzar e implementar la reciente modificación de la ley 7722.
Los miles de manifestantes que se dieron cita de todos los rincones de la provincia, marchaban con una causa en común: «La movilización ha sido histórica y la única consigna ha sido la defensa del agua. Hasta el viernes, Mendoza tenía una ley que la protegía del uso de cianuro y ácido sulfúrico y se ha modificado como traje a medida de las mineras. El veto sería importante porque quedó demostrado que no hay licencia social», sentenció el diputado de Unión Popular, aliado del oficialismo, y ex intentende de San Carlos, Jorge Difonso.
La masiva marcha en «defensa del agua» comenzó a generar reacciones en las intendencias provinciales y en el arco político. «Sería importante que los intendentes expresen públicamente su posición, mientras más se expresen será más posible que se consiga el veto», destacó el ex intendente de San Carlos y coautor de la ley 7722. Dicha ley es la que el actual gobierno modificó, abriendo la posibilidad de una contaminación del agua proveniente de los sitios cercanos a los asentamientos mineros.
A pesar de las masivas marchas, funcionaros del gobierno provincial mendocino insisten en que la nueva ley «establece los controles ambientales necesarios, contempla el balance de los glaciares y también el ordenamiento territorial, además no se va a implementar en los departamentos en los que no haya consenso social. Somos coherentes, avanzamos con el consenso político, incorporamos los aportes de la oposición y vamos a sostener que es necesario ampliar la matriz productiva con minería cuidada».
