Buenos Aires y Santa Rosa (2b) – El tema sobre el tratamiento de la basura es de total vigencia en las últimas semanas en la provincia y ahora se suma Nación. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación derogó el decreto promovido por la anterior gestión de Cambiemos y que flexibilizaba los requisitos de importación de residuos de otros países. El decreto anterior había eliminado la solicitud del certificado de inocuidad sanitaria y ambiental en origen.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación informó que mediante el Decreto 148/2020, publicado hoy en Boletín Oficial, el Gobierno nacional deroga el Decreto 591/2019 y la Resolución Conjunta N° 3 del 12 de noviembre de 2019. Con esa norma, promovida por la entonces Secretaría de Ambiente y publicada en agosto del año pasado, se flexibilizaron los requisitos de importación de residuos de otros países.
Al respecto, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se refirió a la medida: «Esta derogación es muy importante. Nos parecía indigna la importación y, además, era la puerta de entrada a residuos peligrosos».
Cabandié aseguró que «la clave de todo esto es un cambio cultural en la sociedad. La política, por supuesto, tiene que dar el ejemplo, ya que con la cultura del descarte estamos degradando nuestro planeta. Por eso, estamos trabajando activamente en una solución integral para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el marco de la economía circular, a partir de la separación en origen, la recolección diferenciada, la clasificación, la recuperación y la valorización de residuos”.
La norma publicada hoy en Boletín Oficial señala: «Los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás a nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”.
El trabajo del Gobierno nacional fue articulado entre las carteras de Ambiente y de Desarrollo Productivo. Ambos ministerios bregaron por la derogación del Decreto 591/2019, que había modificado los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos con el objetivo de permitir el ingreso de “sustancias y objetos” procedentes de otros países.
Dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del presente Decreto, los ministerios encabezados por Cabandié y Kulfas formularán una propuesta normativa para regular la temática, que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular.
El anterior decreto, lejos de alinearse con los presupuestos de la gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular, implicaba reducir el nivel de protección que establecen el artículo 41 de la Constitución Nacional y la normativa dictada en la materia.
Como señalan los considerandos del decreto de derogación, “la disminución de la cantidad de residuos generados y que son enviados a disposición final, el incremento de los niveles de recolección y valorización y la promoción de la recuperación de los residuos que se generan en nuestro país como insumo para procesos industriales, constituyen lineamientos centrales en el desarrollo de una política nacional en la materia”. El decreto 591, justamente, iba en contra de esta política de promoción de una industria del reciclado, del desarrollo de la economía circular, y de la gestión integral de residuos y su valorización.
Además, el derogado decreto implicaba una reducción en el nivel de protección, ya que quitaba la certificación de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen, lo que constituía un retroceso en materia ambiental y colocaba a nuestro país en una situación de riesgo ante el posible ingreso de residuos peligrosos. Por eso, el decreto 148/2020 establece que “hasta tanto se apruebe la normativa correspondiente en la materia, resultará de aplicación en lo pertinente el Decreto N° 181 del 24 de enero de 1992 en su redacción original”. Esto implica reponer esa certificación de inocuidad.
