Santa Rosa (2b)- La municipalidad de Santa Rosa a través del Ministerio Público Fiscal dieron curso a la denuncia radicada por la dirección de asuntos jurídicos, por la sustracción de agua potable de la red municipal a través de una conexión clandestina en una propiedad ubicada en Stieben y Aconcagua. En este marco, la municipalidad informó que dicha gestión responde a la decisión política de abandonar una actitud pasiva ante episodios como estos.
El hecho denunciado ocurrió un 15 de febrero cuando un importante operativo por parte del municipio que incluyó trabajos como corte de suministro de agua de la zona afectada, movimiento de suelo con máquinas retroexcavadoras, trabajos de excavación manual, reparación de cañería mediante junta de acople rápido, tapado y compactación suelo, maniobra de válvulas y normalización del suministro; trabajos que se extendieron por más de 8 horas y que representó una pérdida de dinero de aproximadamente noventa mil pesos ($90.000) en concepto de combustible utilizado, horas máquinas, horas extras de los trabajadores y costos adicionales necesarios para la reparación.
Además de la perdida monetaria, el fallido intento de la conexión clandestina, generó un impacto directo en las familias del barrio ya que varias manzanas se quedaron sin la provisión de agua potable durante el operativo de reparación.
Lamentablemente esa práctica ilegal, aquel día detectada, no deja de ser poco habitual y generan daños significativos.
Es así que al conectarse clandestinamente a la red, sea ésta de agua o cloacal, se provoca un impacto directo afectando a la calidad del servicio, cambiando las condiciones de presión y caudal para la cual fue diseñada y calculada, y a la integridad física de la instalación, al verse modificada por conexiones mal ejecutadas y con materiales desconocidos, generando puntos de futuras roturas y pérdidas de agua. Las conexiones clandestinas son una de las causas más importantes que ocasionan los colapsos en las redes que padecemos todos los santarroseños.
Por último, la dirección general de asuntos jurídico de la municipalidad, por decisión del intendente, diseñará un protocolo de actuación para ser inflexible ante la detección de esas prácticas, se labrarán actas administrativas correspondientes y se procederá a efectuar la denuncia penal, con la decisión de perseguir a los responsables de las mismas instando la acción penal para encontrar la sanción de la conducta y civil para la reparación del daño que ocasionan.
