(Video exclusivo) Usted tiene una condena sin leer: La justicia pampeana hace punta en el país y juzgó por Whatsapp a dos hombres que violaron cuarentena

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Santa Rosa (2b)- Acá no hay cuarentena que valga. Es que en la justicia de La Pampa se produjo un hecho inusual dado que, mientras en otros lugares hay feria, acá sin dejar de cumplir a rajatablas con el aislamiento obligatorio, y recurriendo a las nuevas tecnologías y a sus propios sistemas de legajos electrónicos, se acusó a dos hombres de violar la cuarentena y se les dictó la prisión preventiva en audiencias a distancia que se realizaron a través de videollamadas de Whatsapp. Con los jueces, los fiscales, los defensores y los empleados interactuando desde sus domicilios, y los imputados escuchando las imputaciones desde los lugares donde permanecen detenidos.

Incluso en los próximos días puede llegar a ocurrir otro hecho novedoso: que se dicte una sentencia por videollamadas. ¿Por qué? Porque la Procurador General de la Provincia dictó una resolución por la cual, quienes violen las cuarentena impuesta a raíz de la pandemia por el coronavirus, serán considerados flagrantes y podrán ser juzgados rápidamente a través del procedimiento de juicio directo, comúnmente conocido como “juicio exprés”.

Ocurre que, a diferencia de otras jurisdicciones, la acordada por la que el Superior Tribunal de Justicia –que preside el ministro José Roberto Sappa– dispuso la feria judicial extraordinaria con guardias activas y atención de asuntos urgentes, pero también estipuló que todo el personal –sin distinción de jerarquías– “se encuentra designado para cumplir funciones” durante ella.

Hasta hoy al mediodía, en la provincia se habían demorado y detenido casi un millar de personas por no respetar el aislamiento obligatorio y, a su vez, se abrieron alrededor de 1.600 legajos penales.

Dos violaciones en un día.

El primer caso de incumplimiento de la cuarentena lo protagonizó un hombre de 39, quien al ser identificado el martes por la policía, en pleno centro de Santa Rosa, no pudo dar ninguna justificación válida de porqué estaba circulando por la vía pública. Adujo que quería lavar autos y, cuando se le explicó que no podía hacerlo por el decreto de emergencia que dictó el Poder Ejecutivo Nacional, respondió que igual iba a quedarse en el lugar. Fue detenido y trasladado a la comisaría. Quedó notificado de la acusación y fue liberado a las tres horas.

Pero poco después la policía recibió un llamado advirtiendo que una persona estaba ocasionado molestias, nuevamente en cercanías del centro, y amenazando con que nadie lo iba a parar o a detener. Era el imputado, quien al ser interceptado en la plaza principal de la ciudad, dijo que nadie iba a sacarlo de allí y amenazó a los policías con hacerlos “cagar”.

A partir de allí la causa penal se tramitó sin declaraciones ni audiencias presenciales. El defensor oficial Martín García Ongaro se comunicó con la comisaría y entrevistó al imputado por teléfono. Luego, por esa vía, informó sobre la versión que había dado su defendido, y –frente al pedido del fiscal general, Máximo Paulucci, de que quedase en prisión preventiva– propuso un domicilio para que cumpla el arresto. Sin embargo, sus morados se negaron a alojarlo argumentando que ya tenía dictada una orden de restricción de acercamiento.

Finalmente, el juez de control, Carlos Matías Chapalcaz, dictó la prisión preventiva del imputado, cargó la resolución en el expediente digital y por Whatsapp informó a las partes. En ese texto, resaltó la tarea de concienciación y control de la policía, que anotició en un primer momento de las restricciones vigentes al ciudadano –“aun cuando son de conocimiento público y notorio”, expresó– y luego actuó con una conducta más activa en la segunda ocasión.

Persecución y atrincheramiento.

El segundo episodio similar, aunque más violento, se produjo el sábado a la noche en General Pico, cuando la policía quiso identificar al conductor de un Fiat Siena y el hombre, de 31 años, evadió el control y en la fuga casi chocó a un patrullero.

Ahí se inició una persecución hasta que el imputado se atrincheró en su casa y amenazó con agredir a los policías con un caño de acero. Incluso mientras el jefe del operativo esperaba que llegara a su celular la orden de allanamiento electrónico, el agresor quiso escaparse saltando tapiales. Una vez aprehendido fue traslado a la Comisaría Primera.

Ayer, pocas horas después del hecho, se realizó la audiencia en la que el juez de control, Alejandro Gilardenghi, ordenó que el atacante quedase en prisión preventiva hasta la finalización del proceso por no respetar los artículo 205 y 239 del Código Penal. El primero sanciona a quien viole medidas que se adopten para impedir la propagación de una epidemia, y el segundo, a quien desobedezca una orden de autoridad competente.

Tanto Gilardenghi, como la fiscala María Verónica Campo y el defensor oficial Alejandro Caram se comunicaron, desde sus respectivas casas, por una videollamada de Whatsapp. A ellos se les sumó el imputado desde el lugar de detención.

Además de los magistrados y funcionarios, para poder cumplir estas dos audiencias a distancia, también trabajaron desde sus domicilios los empleados de las Oficinas Judiciales y de las Unidades de Atención Primaria, dependientes del Ministerio Público Fiscal.

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