Porteniego del viento: El fiscal de Estado de Mendoza resuelve esta semana si permite adjudicar la obra

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Santa Rosa (2b) – La solicitud fue presentada por el ex ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde, y los abogados especialistas en Derecho del Agua Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino. Ellos quieren que el fiscal de Estado, Fernando Simón, impida «el grave daño inminente» de la contratación de la obra.

La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón, que debería resolver esta semana el «el grave daño inminente» de la adjudicación y contratación de Portezuelo. Los abogados también advirtieron sobre «el severo riesgo de daños al patrimonio público».

Fernando Simón – Fiscal de Estado de Mendoza

Pèrez Hualde y sus colegas plantearon varios factores para frenar la obra insignia de Mendoza:  que haya una sola oferta para realizar la obra hídrica, los precios que pretende cobrar la oferente, la «disminución sensible del caudal del río Grande en los últimos años», el rechazo de las provincias del Coirco y los reclamos de provincias limítrofes.

También agregan como motivo «los procesos ante la Corte» nacional de las provincias limítrofes y su admisión por parte del alto tribunal, que podrían provocar una alteración e incluso una «interrupción» de la ejecución de las obras.

«El conjunto de objeciones y de riesgos ciertos que surgen de los hechos expuestos constituyen un entorno que convierte a la obra en un emprendimiento altamente perjudicial para el patrimonio público y para el futuro del desarrollo provincial», señala el pedido al fiscal de Estado, que también solicita que participen del análisis del emprendimiento «las fuerzas que han manifestado preocupación».

Indica además el escrito que este es el momento adecuado para frenar la licitación porque el proceso «hasta el momento no ha generado derechos adquiridos» y advierte que el fiscal de Estado debe requerir «la declaración de fracaso de la licitación pública».

En un anexo, los abogados consideran que en la mejora de la oferta solicitada al consorcio Malal-Hue hubo «un exceso en el ejercicio de la razonabilidad administrativa» por parte del Gobierno.

También afirman, entre otras cosas, que la generación de energía será muy inferior a la estimada: entre el 24% y el 74% de los de los 887 GWh/año previstos.

 

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