Santa Rosa (2b) – El Tribunal de Impugnación no hizo lugar a un recurso de impugnación y confirmó la condena a Nazareno Martín Rosignolo, a un año y ocho meses de prisión efectiva, por ser autor de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal; todo ello en el marco de la ley 26485 de Protección Integral contra las Mujeres. La víctima fue una expareja.
La resolución fue firmada por la jueza María Eugenia Schijvarger y el juez Mauricio Piombi, integrantes de la Sala A y sirvió para ratificar en un todo la sentencia que dictara, el 10 de marzo pasado, el juez de audiencia santarroseño Daniel Sáez Zamora. El recurso había sido presentado por el defensor particular del imputado, Javier Horacio Díaz.
El hecho probado fue que Rosignolo, de 42 años, en medio de una discusión con la víctima, “profirió palabras intimidantes, al tiempo que empuñó una pistola Bersa Thunder nueve milímetros. En un momento, luego de descargar el arma, tomó la munición y le dijo a su pareja: ‘primero vas vos’”.
Ello ocurrió “en un ámbito de violencia de género, en el que el acusado actuó con una clara intención de dominación, afectando en forma ilegítima su libertad y el ejercicio voluntario de sus actos -y por ende de sus derechos- por la sola condición de ser mujer”. Además en el fallo se habló de “un contexto de intimidación y violencia constante” durante el tiempo que duró la relación de la pareja. En ese momento, el agresor tampoco contaba con la autorización legal para la tenencia de la pistola.
Díaz había cuestionado la valoración que Sáez Zamora realizó de las pruebas, las declaraciones de algunos testigos y la pena aplicada.
Casos en General Acha
A través del procedimiento abreviado, el juez de control de General Acha, Diego Ariel Asín, condenó a Juan Ernesto Haspert a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de amenazas simples y violación de domicilio, en concurso real entre sí; todo ello en el marco de la ley 26485 de Protección integral contra las mujeres. La víctima fue una expareja.
El abreviado fue convenido entre la fiscala María Virginia Antón, el defensor oficial Marco Mezzasalma y el imputado, de 30 años y con antecedentes penales. También contó con el consentimiento de la damnificada.
¿Cuáles fueron los hechos? Después de que concluyera el vínculo entre ambos, Haspert –que “en reiteradas oportunidades habría ejercido violencia física, psicológica y verbal hacia la víctima”– amenazó de muerte a la mujer. Además, poco antes y durante un almuerzo familiar, el acusado “se alcoholizó y comenzó a proliferarle insultos y amenazas”, expresándole que iba a usurparle la casa donde vive con su hijo pequeño. Tres días después, a través de Whtasapp, le envió audios insultantes, diciéndole –entre otras cosas– que “mañana voy a ir y te voy a cambiar todas las cerraduras de la casa (…), si querés ir a la comisaría, andá”.
La víctima, a través de un video que el propio Haspert viralizó, supo que este había ingresado a su domicilio y que estuvo en comedor “tomando cerveza, fumando y escuchando música”. Esas situaciones le generaron temor porque años atrás había denunciado al agresor por un episodio donde ella sufrió lesiones en el rostro y en el cuerpo.
Por otra parte, la jueza de control achense, Laura Moscoso Mendieta, condenó a Javier Alberto Díaz a nueve meses de prisión en suspenso, por ser autor de abuso sexual simple como delito continuado, en un perjuicio de una niña. Además le fijó las siguientes reglas de conducta durante dos años: fijar residencia, someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras, abstenerse de entrar en contacto con la víctima y su grupo familiar; no usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas y realizar un tratamiento psicológico.
El conflicto penal también se resolvió por la vía alternativa del juicio abreviado, convenido entre la fiscala María Virginia Antón, el defensor oficial Claudio Martínez Sabio y el acusado (55 años), quien admitió la autoría de los hechos. La denunciante, la madre de la víctima, también dio su conformidad cuando se le explicaron los alcances del acuerdo.
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