Se suman los reclamos: La ONU salió a repudiar la represión de Morales en Jujuy

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Buenos Aires (2b) – Una nueva voz internacional se suma a repudiar la brutal represión en Jujuy. Ahora, la ONU  denunció «violaciones de derechos» y apuntó contra el gobernador radical. El martes ya se habían manifestado la CIDH y Human Rights Watch. El titular de la ONU, Antonio Guterres, estuvo reunido ayer con el canciller Santiago Cafiero en la sede del organismo.

«Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural», señaló jefe regional Jan Jarab en un comunicado titulado «Argentina: ONU Derechos Humanos pide reducir tensiones y evitar retrocesos tras aprobación de reforma constitucional en Jujuy». Y destacaron: «Las autoridades, provinciales y nacionales, deben investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy».

A partir de estas declaraciones, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntarle al gobernador de Jujuy: «¿Leyó bien Morales lo que dice el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? ¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?». Y continuó: «Hágase cargo y proceda como se lo pide el representante del Alto Comisionado: “hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La Oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia».

Desde la oficina regional en América del Sur señalaron que han recibido denuncias de «uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales» por lo que llamaron a las autoridades, provinciales y nacionales a «redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos».

Respecto de la reforma adoptada este martes 20 de junio por la gestión de Morales, el Representante en América del Sur estimó que “presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica”. Jarab aseveró que la libre circulación vehicular y peatonal «no debe anteponerse a la libertad de reunión pacífica ni a la participación democrática, pese a las perturbaciones que estas puedan generar».

En ese sentido, la Oficina señaló que también ha recibido información de que «el proceso de reforma constitucional en Jujuy careció de una participación significativa y suficiente de todas las partes interesadas, en especial de los pueblos indígenas».

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el martes que «observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas» en la provincia de Jujuy, en rechazo de la reforma de la Constitución, y destaca que se trata de «una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida».

«La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios», indicó el organismo en un comunicado de prensa.

Según recuerda la CIDH, el sábado 17 «en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales».

Entre las detenidas, «se encontraría un adolescente de 17 años, según los registros de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al menos dos periodistas; y según la información proporcionada por el Estado, todas las personas detenidas hasta el 19 de junio fueron puestas en libertad», afirma la CIDH.

En el comunicado, la CIDH señala que las protestas «se llevan a cabo en el marco del proceso de modificación parcial de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente» y enumera que «entre los cambios propuestos, se destacan las reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta». «Según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales», advierte el organismo.

«El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia. Igualmente, debe asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes», advierte.

También se manifestó Human Rights Watch, a través de su directora, Juana Goebertus. «Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH», tuiteó la funcionaria.

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