Peor que las aguas del Chavo: INTA reveló la alta concentración de pesticidas en el agua potable de la zona agrícola de La Pampa

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Santa Rosa (2b) – Tres días antes de concluir el mandato del presidente Alberto Fernández, el entonces titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia, confirmó la decisión de dar de baja a Argentina del programa Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal). Este programa, financiado por la Unión Europea, tenía como objetivo medir la presencia de residuos agroquímicos en el medio ambiente y las personas. Sin embargo, tres días antes de esta decisión, el 4 de diciembre, se publicó en la revista científica neerlandesa Elsevier un primer resultado de una investigación realizada en el INTA sede Balcarce por Virginia Aparicio e Eduardo De Geronimo. La investigación reveló la presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana, especialmente en localidades de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

El estudio analizó 53 pesticidas y productos de degradación, encontrando que el 69% en suministros públicos y el 89% en suministros privados contenían al menos uno de estos compuestos. Se detectó una amplia prevalencia de pesticidas, con concentraciones que superaban los límites europeos en el 8,7% y el 17,6% de las muestras recogidas en suministros públicos y privados, respectivamente.

Los investigadores recomendaron la inclusión de pesticidas en el marco regulatorio del control de calidad del agua potable en Argentina, proponiendo una reducción progresiva del uso de pesticidas en la agricultura. Subrayaron la necesidad de actualizar las normativas, considerando que actualmente solo hay 18 pesticidas prohibidos en Argentina, menos que en algunos países vecinos.

Además, señalaron la urgencia de incorporar estos pesticidas en las normativas vigentes para facilitar el seguimiento periódico en el agua destinada al consumo humano. La contaminación difusa afecta tanto a la población rural como a la urbana, resaltando la fragilidad de las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho humano al agua suficiente, segura, aceptable y asequible.

La investigación enfatiza la necesidad de un enfoque integral para establecer reglas claras sobre el uso y control de pesticidas, con un énfasis especial en la salud pública y la protección del medio ambiente.

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