Buenos Aires (2b) – Con el último aumento, la tarifa de gas promedio en el país ronda los $ 50.000 en junio. La paralización de obras públicas afectó el suministro. En este contexto, el gobierno nacional mantiene silencio y no da explicaciones. También decidió dejar de subsidiar el gas en zonas frías y trasladó el costo a usuarios de todo el país.
En plena ola polar, miles de usuarios de distintas provincias quedaron sin Gas Natural Comprimido (GNC) y con severas restricciones en el suministro domiciliario. El gobierno nacional, lejos de ofrecer explicaciones claras o una conferencia pública, prorrogó por 24 horas más el corte de GNC, mientras las estaciones de servicio y la industria lidian con el parate.
Las tarifas de gas natural acumulan un aumento del 1.482% en lo que va del gobierno de Javier Milei pero de nada sirvió para evitar cortes en plena ola polar. Las debilidades del sistema energético en Argentina quedan expuestas en cada ocasión que el consumo se dispara por altas o bajas temperaturas, teniendo que recurrir a cortes en el suministro y medidas de emergencia para lograr el menor impacto posible.
El Destape informó que, según calculó el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet, nuevamente no se exhibe un cambio en la respuesta ante la elevada demanda. Con la última actualización tarifaria, la factura promedio de gas en el país ya ronda los $ 50.000 en junio, con zonas donde supera los $ 100.000 para los distintos usuarios, mientras que en diciembre de 2023 el valor promedio no superaba los $ 5.000 en ningún segmento y el máximo ascendía a $ 10.574.
Actualmente, un hogar de ingresos altos (N1) abona $ 61.220 en promedio por mes, con ajuste por estacionalidad. A su vez, la factura promedio del país para un usuario N2 (hogares de bajos ingresos) es de $ 46.674 mientras que para un usuario N3 (hogares de ingresos medios) es de $ 51.752.
La cobertura estatal mayoritaria del costo del servicio y el notorio aumento de las tarifas no condice con la evolución del sistema en lo que va del gobierno libertario, lo que genera por segundo año consecutivo cortes en industrias y estaciones de servicio que cargan GNC, requerimiento de una mayor asistencia de buques de Gas Natural Licuado (GNL) e interrupción del envío de gas a países limítrofes.
Subsidios
En este contexto, el gobierno nacional transfirió a los consumidores de todo el país el costo de subsidiar a los que residen en las zonas más frías. La decisión significará un aumento de alrededor de 2 por ciento en la boleta de los usuarios, según publicó el diario Tiempo Argentino.
En el Boletín Oficial del miércoles se publicó la resolución 444/25 del Enargas, firmada por su interventor Carlos Alberto María Casares. Allí se instruye a las empresas distribuidoras para que apliquen un recargo con destino al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
El adicional se aplica a partir del 1 de julio y ronda en torno al 6,4% (cifra que puede variar según la zona geográfica y otros detalles técnicos) sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir sobre la generación del fluido.
El Fondo Fiduciario fue creado en 2002. El artículo 75 de la ley que le dio origen establecía que se utilizara para otorgar una tarifa diferencial a los habitantes de las regiones más frías del país, donde el clima obliga a un uso más intensivo de los equipos de calefacción.
Sin embargo, ahora, en su modo ajuste salvaje para aguantar un superávit insostenible, el Ministerio de Economía decidió dejar de aportar dinero a ese fondo.
Desde la cartera ministerial que conduce Luis Caputo argumentaron que “la política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo implementada a través de los aportes del Tesoro Nacional resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas, encontrándose el Estado Nacional imposibilitado de continuar realizando dichos aportes”.
Además culpa a las “administraciones anteriores” por el hecho de que el subsidio se generalizó a toda la demanda, en vez de estar focalizado en los sectores más necesitados. En ese precedente se basó el Enargas para trasladar este nuevo cargo a los usuarios.
Fuentes del sector estiman que este año el régimen de zonas frías iba a demandarle al Tesoro unos U$S 300 millones, que Caputo ahora podrá agregar al superávit fiscal.
La ambición de máxima del gobierno es derogar definitivamente ese régimen. Claro que, en tiempos electorales, los borradores del proyecto están guardados en un cajón y no serán extraídos de él al menos hasta fin de año.
Paralización de obras
La política oficial de paralización de la obra pública generó discontinuidad en proyectos de infraestructura que hubieran sido centrales para atender las necesidades de la demanda de gas. El consumo residencial quedó muy por encima del promedio como consecuencia de la ola polar, pero también hubo falta de planificación de parte del gobierno nacional y parálisis en la obra pública que impidieron un normal abastecimiento.
Con la decisión de no realizar más obras públicas, en materia de gas el gobierno produjo la paralización e incluso cancelación de varios proyectos planificados o en marcha. Esos proyectos –entre los que se cuentan obras en las plantas de compresión que acompañan a la reversión del Gasoducto Norte, la segunda etapa del ex Gasoducto Néstor Kirchner y la ampliación del Gasoducto de la Costa- hubieran permitido aumentar la inyección de gas en el sistema. Así se habrían evitado trastornos en la provisión de GNC y en el abastecimiento de gas a industrias y hogares.
La ola de bajas temperaturas afecta desde hace cinco días a la zona centro del país, que es la de mayor consumo a nivel nacional. “Si no hubiéramos tenido una semana tan fría nada de esto hubiera salido a la luz. Tampoco hubo planificación de parte del Gobierno, porque se podría o haber comprado más GNL, o pasar las generadoras térmicas a funcionar con líquidos (fuel oil o gasoil) y no consumir gas”, sostuvo Nicolas Taiariol, experto en Energía, en diálogo con el diario Página 12. “El consumo residencial superó los 100 millones de metros cúbicos de gas por día (un aumento del 25 por ciento interanual), lo que saturó la capacidad de transporte y distribución del sistema”, calculó.
A esta situación debe agregarse que, en Vaca Muerta, “el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) está operando a aproximadamente al 70 por ciento de su capacidad”, agrega Taiariol. Las autoridades de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, resolvieron hace más de un año dar de baja la segunda etapa de extensión del ex Gasoducto Néstor Kirchner. La gestión anterior de Enarsa había iniciado la licitación de ese proyecto, publica Mizahri en su post: “con una extensión de 600 km y 36 pulgadas de diámetro que uniría Salliqueló, en el sudoeste de Buenos Aires, con San Jerónimo, en el centro de Santa Fe, lo que duplicaría la actual capacidad del ex GPNK de 21 millones de metros cúbicos a casi 40 millones”.
En su lugar, el Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con una iniciativa privada “de la firma TGS para ampliar el actual Perito Moreno en 14 millones de metros cúbicos día con la instalación de 5 plantas compresoras, para lo cual se llamó a una licitación de la que el lunes que viene se conocerán los interesados”. Esto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Pero “si bien en público nadie lo admite, esta alternativa, que recién estaría para el invierno de 2027 no resuelve el abastecimiento de Santa Fe, Córdoba y el Norte Argentino”, aclara el especialista.
A su vez, “se encuentra paralizada la construcción de las plantas Río Senger y Gobernador Costa, en Chubut, a pesar de que el año pasado la Secretaría de Energía firmó el traspaso con los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén e incluso Enarsa trasladó los turbocompresores de Rosario a la cordillera chubutense. Sin esas plantas, no se pueden realizar nuevas conexiones domiciliarias en Bariloche y otras ciudades de la región”.
Silencio oficial
Lo llamativo es la ausencia de una voz oficial que explique el alcance de la situación. Sin partes diarios ni conferencias, la información llega a cuentagotas. La incertidumbre crece junto al frío, mientras en las ciudades se multiplican los reclamos.
Mientras desde el gobierno rezan para que suba la temperatura y afloje la demanda, los ciudadanos siguen esperando respuestas concretas en medio de temperaturas extremas y sin certezas sobre cuándo volverá el servicio. Lo que sí quedó claro, una vez más, es la fragilidad del sistema energético y el impacto de la obra pública paralizada. Como cada invierno, el país se congela, pero esta vez también por el silencio oficial.
