Buenos Aires (2b) – En el mensaje del proyecto de Presupuesto 2026, la administración Milei dejó por escrito su voluntad de avanzar con la entrega de las empresas públicas. El vocero Adorni anunció que se firmará el decreto para vender las centrales de energía nuclear.
El programa de desguace nacional continúa. Al día siguiente de la presentación del proyecto de Presupuesto 2026, la administración Milei anunció que firmará el decreto para la privatización del 44% de Nucleoeléctrica SA (NA-SA), la empresa que maneja las centrales nucleares de Atucha 1 y 2 y Embalse, además de llevar adelante el proyecto CAREM, abandonado totalmente por el Poder Ejecutivo. Los trabajadores de la empresa realizarán una visita guiada con legisladores nacionales para denunciar el desarme de estos proyectos, además de solicitar reuniones con la comisión de Energía.
“Esto se suma al intento de entrega, desguace y desmembramiento de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), la paralización del proyecto de central nuclear nacional CAREM, la entrega de la PIAP, la privatización de la producción del RA10 y la destrucción por falta de presupuesto de otros proyectos”, denunciaron en un comunicado de prensa firmado por la CTA Autónoma y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria (CNTI).
El proyecto de Presupuesto 2026 forma parte de las alquimias imaginativas del equipo económico encabezado por Luis Caputo pero en el que pueden rastrearse las directrices de Milei para el desguace de los principales activos del país. El organismo que tiene por función preparar el terreno para llevar adelante la entrega de un conjunto de empresas públicas (Intercargo; Aerolíneas Argentinas; Energía Argentina –ENARSA-; Belgrano Cargas y Logística; Agua y Saneamientos Argentinos –AySA; Sociedad Operadora Ferroviaria –SOFSE; Corredores Viales; Nucleoeléctrica Argentina; y Yacimientos Carboníferos Río Turbio -YCRT) es la Sindicatura General de la Nación.
“Cumpliendo con las tareas asignadas en el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 relacionadas con la intervención previa en la renegociación o rescisión de contratos y acuerdos transaccionales, renegociación de concesiones de obra pública y servicios, y participación en los procesos de privatización total o parcial de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional que hayan sido declaradas sujetas a privatización”, puede leerse en el anexo específico a la SIGEN incorporado en el proyecto de la ley de leyes.
Milei encuentra el sostén jurídico para avanzar con la privatización de las empresas públicas en la Ley de Bases pero también en lo acordado con el FMI. En su último staff report, el organismo conducido por Kristalina Georgieva fue bien explícito: “Se continuarán las mejoras en la gestión financiera pública, incluido el desarrollo de un programa de privatización y venta de activos transparente y con plazos concretos”, indicó el Fondo en su último reporte. A los pocos días de esta comunicación, el Poder Ejecutivo publicaba en el Boletín Oficial un primer cronograma para la privatización de una serie de empresas hidroeléctricas; este martes, el vocero Manuel Adorni adelantó que se firmaría el decreto para ponerle el cartel de venta a NA-SA.
En el texto del mensaje a la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo ratificó el proceso de privatización vinculado a otras empresas, como por ejemplo ENARSA. “Comprende la venta, mediante un concurso público de alcance nacional e internacional, de las acciones que ENARSA posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A. (CITELEC), sociedad anónima argentina que controla a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (TRANSENER), la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión en el país”, puede leerse en la página 15 del texto enviado al Congreso. De acuerdo a los planes oficiales, la venta de la empresa debería concretarse en un plazo de 8 meses.
El Gobierno nacional también ratificó el avance sobre AySA mediante la venta de la totalidad de acciones en poder del Estado, que actualmente es titular del 90% del capital social de la empresa. “Se estableció que al menos el 51% de la titularidad deberá quedar a cargo de un operador estratégico mediante un procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional. El resto de acciones se venderán en bolsas y mercados del país”, agregó el Poder Ejecutivo. “Los tiempos políticos no les dan para hacer nada importante. Más allá de sus intenciones, nadie va a comprar cuando existe un riesgo de que las privatizaciones se anulen. Es mucha guita. Los posibles interesados, en todo caso, van a negociar con el nuevo gobierno”, sintetizó en diálogo con El Destape un experto asesor de la comisión de Presupuesto de Diputados.
Desguace atómico
El desguace del plan nuclear aparece en el centro de la política energética de la administración Milei. La ley de bases estableció la privatización del 49 por ciento del paquete accionario de Nucleoeléctrico Argentina (NA-SA), sumado a la clausura del reactor de diseño nacional CAREM con el objetivo de abrir paso a una iniciativa financiera junto a una empresa radicada en Delaware pero creada por ex empleados de Embalse. Adorni anunció este martes que la venta de NA – SA será por el 44% de sus acciones.
– ¿Quién podría estar interesado en quedarse con la gestión de las centrales nucleares del país?-, preguntó El Destape al físico y coordinador de Transición Energética en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria (CNTI), Rodolfo Kempf.
– El dato no aparece a simple vista pero consideramos que lo más probable es que tengan a alguien para regalarle este 44%. Podría ser Pérez Companc (PECOM), dueña de las empresas que hacen el combustible nuclear (Conuar – FAESA). Las empresas funcionan en tándem, una hace los elementos metálicos y otra las pastillas cerámicas y combustibles nucleares de dióxido de uranio. También se la ofrecieron a la Westinghouse que está en asociación con la empresa Meitner para llevar adelante la clausura del proyecto CAREM.
Este proyecto nuclear de entrega de NA-SA a capitales privados (y extranjeros) viene asociado a las presiones de un puñado de empresas radicadas en Chubut para la extracción y exportación de uranio. En marzo de este año, el Ministerio de Hidrocarburos de la provincia de Chubut – cuyo gobernador es Ignacio Torres- intimó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a que devuelva las minas de uranio que el organismo posee en concesión desde la constitución de 1994.
Por debajo del paralelo 40 la tasa de concentración de Uranio es bastante relevante. Allí se encuentra Cerro Solo, el mayor yacimiento en el país. La principal empresa radicada en Chubut se llama UrAmérica y controla 59 permisos de exploración y concesiones mineras en 220.000 hectáreas sobre la meseta central de la provincia donde se encuentran los proyectos Meseta Central, Laguna Colorada y Laguna Salada.
El dueño de UrAmérica Argentina se llama Omar Adra y en 2018 había acompañado a Mauricio Macri en la firma de un memorándum junto a Rusia para la extracción de uranio. En Río Negro, la otra empresa interesada en este recurso se llama Blue Sky Uranium Corp, una compañía del holding canadiense Grosso Group, dueña de la local Minera Cielo Azul. La empresa le pertenece Joseph Grosso; su más reciente socio es Eduardo Eurnekian, dueño de la Corporación América y padrino “político” de Milei y varios de sus ministros.
“La Ley 24.804 exige que los minerales de uranio garanticen el abastecimiento del combustible nuclear para nuestras centrales. La iniciativa del Gobierno podría romper este mínimo acuerdo de autonomía tecnológica en nuestro ciclo de combustible nuclear. La soberanía pasa por la posibilidad de desarrollar toda la cadena vinculada a nuestros minerales y el abastecimiento de las centrales nucleares”, concluyó Kempf.
