Santa Rosa (2b) – Un hombre de 33 años, con antecedentes penales registrables, fue condenado en General Acha a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor de los delitos amenazas y hurto simple en perjuicio de una expareja, dos hechos que encuadraron en violencia de género.
Con las pruebas reunidas durante la investigación fiscal, quedó probado que el 26 de agosto pasado, Cristian Gabriel Saavedra interceptó en la calle a la víctima y la amenazó diciéndole: «Si te llego a ver con alguien te voy a desfigurar, y vos sabes bien que yo no juego, yo no tengo miedo a las denuncias que me hiciste, si quierés te acompaño a que me hagas otra denuncia».
Días después, el 10 de septiembre, el imputado ingresó a la vivienda de la mujer, presuntamente por la ventana del comedor, y fue hasta el dormitorio, donde ella se encontraba durmiendo. Eso ocurrió «desobedeciendo las medidas de restricción vigentes desde el 26 de agosto y por un plazo de 30 días», que habían sido dispuestas por la jueza de control Laura Moscoso Mendieta y que consistían en no acercarse a menos de 300 metros de su expareja, ni mantener contactos ni realizar actos de perturbación o intimidación en su contra.
Cuando la damnificada le pidió que se fuera de la casa, Saavedra se apoderó de una billetera que contenía 108.000 pesos, dos tarjetas de crédito y documentación personal. El dinero y el resto de lo sustraído fueron secuestrados durante un allanamiento al domicilio del acusado.
El legajo penal se resolvió a partir de un acuerdo abreviado presentado por el fiscal Héctor David López, la defensora oficial Nydia Beatriz Conde y el propio Saavedra, quien admitió su culpabilidad. El juez de control de General Acha, Diego Ariel Asín, lo homologó y dictó la respectiva sentencia. El propio magistrado le explicó los alcances de ese acuerdo a la víctima y esta prestó su consentimiento.
Como consecuencia de ello, Saavedra fue condenado a seis meses de prisión efectiva por amenazas y hurto simple, dos hechos en concurso real entre sí, y en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres. También se le mantuvo la prisión preventiva.
El imputado recibió una pena efectiva porque tenía otra condena previa. En octubre de 2020 le dieron ocho meses de prisión de ejecución condicional –y el cumplimiento de reglas de conducta– como responsable penal del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La víctima fue otra expareja.
