Buenos Aires (2b) – La reforma laboral que quiere imponer la gestión de Javier Milei traerá más ajuste sobre sectores que ya vienen siendo perjudicados debido a que recurrirá a recursos que son destinados a derechos sociales y afectará a la coparticipación de las provincias.
El costo fiscal del proyecto oficial sería el equivalente al 1,278 del PBI, según estimaciones realizadas por el Sindicato de trabajadores del ARCA. El diario Página 12 indicó que ese porcentaje es igual a lo que costaría la implementación de seis leyes de financiamiento universitario.
Es menester recordar que el gobierno nacional vetó esa normativa para la educación superior bajo el argumento de que ponía en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas, cuando en realidad solo significaba un costo de 0,23 puntos del PBI, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional. Del mismo modo, la implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica tendría un costo del 0,05 puntos del PBI.
Página 12 señala que la iniciativa libertaria plantea una reducción de las contribuciones patronales, la creación de un fondo de cese laboral y recortes impositivos, lo cual «implica una resignación de ingresos no sólo para el Estado nacional, sino también para las provincias, dado que varios de los tributos son coparticipables».
El costo fiscal de la reforma será la punta de lanza que usará la oposición legislativa para frenar el proyecto. Un análisis de personal técnico de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) estimó las modificaciones en la recaudación del Estado.
Las contribuciones patronales, que se reducirían en caso de aprobarse la reforma, tienen asignaciones específicas que van hacia el sostenimiento de derechos sociales, como el pago de jubilaciones y pensiones, para financiar el PAMI y para el pago de asignaciones familiares por intermedio de la Anses, entre otros fines.
El proyecto del oficialismo busca que las contribuciones patronales se reduzcan de 20,4% a 17,4% para empleadores del rubro servicios y de 18% a 15% para el resto de los empleadores privados, según informó el diario citado.
La nota del matutino porteño citado recuerda que estos cambios en las contribuciones patronales fueron implementadas durante el segundo mandato del ex presidente Carlos Menem, con el justificativo que se quitaba competitividad a las empresas. En ese entonces, para compensar la reducción de las contribuciones se aumentó el IVA del 18% al 21%.
La Aefip, en base a un estimado de recaudación total para el 2026 en torno a los $ 33,6 billones, calculó que la reducción de estos aportes implicaría una pérdida recaudatoria de $ 4,65 billones, lo que equivale a 0,462 puntos del PBI. En términos fiscales, ese monto supera al costo que conllevaría la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, que fueron vetadas por Milei.
Otro punto que incluye la reforma laboral es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se destinaría, en gran medida, al pago de indemnizaciones y se financiaría con tres puntos de la masa salarial de las empresas. Debido a que las mismas empresas serían beneficiadas con una quita de tres puntos en las contribuciones patronales, el FAL se sostendría con recursos previsionales.
Página 12 comparó a este mecanismo con las AFJP del menemismo porque las compañías no tendrían que pagar una suma millonaria cuando despiden a una persona, sino que irían depositando dinero mes a mes en una cuenta a nombre del trabajador mientras mantengan el vínculo laboral.
El informe de la Aefip precisó que la reducción fiscal al bajar las contribuciones patronales para poder financiar el FAL también significaría un 0,462 puntos del PBI, o sea, $ 4,65 billones.
Otro aspecto similar al periodo neoliberal de nuestro país es el ítem del proyecto que intenta extender el periodo de prueba de 3 a 6 meses y que, en el caso de las pymes, podría llegar a ser de hasta 12 meses. Fernando de la Rúa, durante su presidencia, ya había ampliado este periodo a 6 meses, pero esa regla fue derogada en el 2004.
La reforma laboral de Milei también incorpora la reducción del Impuesto a las Ganancias para las sociedades. De esta manera, las sociedades grandes dejarán de pagar 35% y pasarán a tributar un 31,5%, mientras que las sociedades chicas pasarán del 30% al 27%.
En la gestión de Macri, este tributo incluía el Impuesto Cedular, que grava las distintas rentas de personas humanas de orden financiero, con una tasa de hasta el 15%. Sin embargo, si la propuesta libertaria se aprueba, esa porcentaje será dejado en 0% y se convertiría en una «medida sumamente regresiva», según Página 12.
La reducción en estas dos alícuotas significaría una merma de $ 2,77 billones en la recaudación fiscal, según Aefip, por lo cual el costo fiscal sería del 0,275 puntos del PBI.
La iniciativa parlamentaria del oficialismo también busca eliminar impuestos internos en rubros puntuales, como seguros, telefonía, suntuarios, vehículos, embarcaciones, aeronaves. Si se concreta, la pérdida en la recaudación alcanza a casi a la mitad del total reunido por este concepto: en suma unos 0,42 billones de pesos, que equivalen a 0,042% del PBI.
Los impuestos a videogramas y entradas de cine también serían eliminados, al mismo tiempo que se bajaría un punto porcentual el aporte a las Obras Sociales por parte de los empleadores. En el primer caso, se perderían 0,037% del PBI en recaudación, mientras que en el caso de las Obras Sociales la reducción sería de 0,162% del PBI ($ 1,63 billones).
Todas estas medidas, sumadas a otras que no fueron mencionadas en el artículo periodístico citado, dan como resultado un costo fiscal del 1,278% del PBI.
