Buenos Aires (2b) – El país obtuvo una de sus peores calificaciones de la última década en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. El retroceso sitúa a la gestión nacional por debajo del promedio regional y refleja un estancamiento en las políticas de control. A nivel global, Argentina cayó cinco puestos respecto al año anterior, compartiendo lugar con naciones en conflicto o con instituciones debilitadas.
El reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por la organización Transparency International, arrojó un dato preocupante para el país: Argentina obtuvo apenas 36 puntos sobre 100, cayendo del puesto 99 al 104 en el ranking mundial que lidera Dinamarca (90) y cierra Somalia (11).
Este resultado marca un descenso de un punto respecto al 2024 y ubica a la Argentina en el puesto 19 de los 33 países de las Américas, quedando muy lejos de vecinos como Uruguay (73) o Chile (66). Según el informe, la región en general sufre un fenómeno donde la corrupción «perjudica la vida de las personas y exacerba la violencia», señalando que la falta de independencia judicial y los ataques a los mecanismos de control son las principales causas del deterioro.
La montaña rusa del IPC: Del 2012 a la actualidad Al analizar la serie histórica desde que Transparency International estandarizó su metodología en 2012, se observa que la percepción de transparencia en Argentina ha sido inestable:
2012 – 2015: El país osciló en niveles muy bajos, tocando los 32 puntos en 2015, reflejando una fuerte desconfianza en el sector público.
El pico de 2019: El mejor desempeño se registró en 2019, cuando Argentina alcanzó los 45 puntos, logrando su mejor calificación histórica gracias a reformas en el acceso a la información y procesos de licitación.
La caída sostenida: Desde aquel máximo, el puntaje comenzó a desmoronarse. En 2021 bajó a 38, subió levemente a 37 en 2024, para finalmente perforar ese piso y llegar a los 36 puntos actuales en el segundo año de gestión de Javier Milei.
El informe destaca que, a pesar de las promesas de austeridad y lucha contra «la casta», la percepción de los expertos consultados indica que la opacidad institucional y la falta de implementación de leyes anticorrupción siguen siendo una materia pendiente. Con 36 puntos, el país se ubica hoy más cerca de su mínimo histórico de 2015 que de los niveles de transparencia exigidos para integrar organismos internacionales como la OCDE.
