Buenos Aires (2b) – Matías Garate inició una colecta por más de $22 millones. La situación desató un fuerte debate sobre la solidaridad, la coherencia ideológica y los recortes en discapacidad.
Lo que comenzó como un urgente pedido de ayuda por motivos de salud escaló rápidamente hasta convertirse en un tenso debate político y moral en las redes sociales. Matías Garate, un joven con síndrome de Moebius y activo militante de La Libertad Avanza, lanzó una colecta solidaria para costear una nueva prótesis de pierna, valuada en más de $22.400.000, tras sufrir una fisura de cadera por una caída.
Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el militante —quien suele mostrarse cercano a Javier Milei y defender los ajustes en el área de discapacidad— decidió compartir su alias bancario argumentando demoras en los trámites formales de cobertura.
El archivo no perdona
Sin embargo, el llamado a la solidaridad se topó con el historial digital de Garate. Decenas de usuarios reflotaron sus constantes ataques en redes hacia los sectores que reclaman mayor intervención estatal y a la oposición política.
Las respuestas oscilaron entre el rechazo ético y la ironía:
- «Te dedicaste a bardear a los que de corazón te habrían ayudado y defendés a los que te consideran menos que un felpudo. Andá a laburar, que si no tenés bracitos es tu problema, no el nuestro», fue uno de los comentarios más viralizados.
- «Soy ‘kukita’ como decís vos. Seguro no querés mi dinero», le recriminaron.
- «Aprovechá que abrieron las importaciones y fijate en Temu», le sugirió otro usuario en tono sarcástico.
¿El Estado debe estar presente?
El caso expuso una profunda contradicción que atraviesa el actual clima político. Para un sector, la ayuda a una persona con discapacidad debe trascender cualquier posicionamiento partidario. No obstante, la mayoría de las críticas apuntaron a la moralidad de «fingir demencia» para apelar al apoyo colectivo (financiación privada ciudadana) luego de criticar sistemáticamente la asistencia estatal y festejar los recortes en la salud pública.
La inalcanzable cifra de 22,4 millones de pesos reflotó el debate de fondo: ¿qué rol debe cumplir el Estado frente a tratamientos o dispositivos de altísimo costo que el mercado vuelve inaccesibles para el ciudadano promedio?.
