Santa Rosa (2b) – Este 24 de marzo de 2026 marca un aniversario circular y doloroso: se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976. Durante décadas, se intentó sostener el relato de que la provincia de La Pampa había permanecido ajena a la violencia sistemática, pero el avance de los juicios y la memoria colectiva han demostrado que el engranaje del horror en la Subzona 14 fue tan real como implacable.
La magnitud de la persecución en una provincia que para 1970 apenas superaba los 170.000 habitantes revela una capilaridad del control social asombrosa. Las investigaciones judiciales han consolidado datos que hoy son irrefutables:
- 248 víctimas directas: Personas que sufrieron detenciones ilegales, secuestros o sesiones de tortura en territorio pampeano.
- 67 pampeanos desaparecidos: Si bien muchos residían en otras provincias por estudio o trabajo, el aparato de inteligencia local (con eje en el Regimiento de Toay) fue clave para su identificación y captura.
- 531 trabajadores perseguidos: Empleados públicos nacionales, provinciales y municipales que fueron «prescindidos» de sus cargos por razones ideológicas.
La justicia identificó al menos seis centros clandestinos de detención y tortura en la provincia. La Seccional Primera de Santa Rosa fue el epicentro del cautiverio, pero la red se extendió por diversos puntos estratégicos, como la Brigada de Investigaciones, Seccional Segunda, Colonia Penal (U4) y la Unidad 13, en la capital provincial. También hubo detenidos alojados en la Comisaría Primera de General Pico, pero Jacinto Aráuz tomó notoriedad ante la utilización de la comisaría y el puesto caminero durante el operativo contra docentes en 1977. Además, en Catriló hubo dependencias policiales donde fueron torturados diputados provinciales.
Los juicios
Desde el primer juicio de la Subzona 14 en 2010, la provincia ha dado pasos fundamentales para castigar a los culpables. Hasta la fecha, 16 represores (entre exmilitares, jefes policiales y miembros de grupos de tareas) han recibido condenas.
Sin embargo, el paso del tiempo ha garantizado la «impunidad biológica» en casos resonantes. El ejemplo más claro es el de Fabio Carlos Iriart, interventor federal y jefe de la Subzona 14, quien falleció en 2018 sin una condena firme.
A 50 años de aquel 24 de marzo, la evidencia acumulada permite afirmar que el «no te metas» y el silencio no fueron accidentales, sino el resultado de un plan diseñado para quebrar los lazos sociales.
La reparación de legajos laborales y la señalización de los sitios de memoria son hitos de un proceso que aún no termina. A medio siglo, el consenso social es claro: La Pampa no fue una isla, fue parte de un plan sistemático que hoy, más que nunca, se recuerda bajo la consigna de Nunca Más.
