Santa Rosa (2b) – El tratamiento de la denominada “Ley de Glaciares” sumó un nuevo capítulo de conflicto político y judicial. En las últimas horas, un dirigente pampeano presentó una acción de amparo contra la modalidad de audiencias públicas definida en el Congreso, al considerar que limita la participación ciudadana en un tema sensible para la provincia.
La presentación apunta directamente contra la organización dispuesta por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que establecieron audiencias con participación presencial y virtual, pero con un criterio de inscripción por orden cronológico.
Según se argumenta en el escrito, ese esquema termina funcionando como un filtro que deja afuera a actores clave del debate. “Es irresponsable, irrisoria, azarosa, egoísta y desinteresada”, se sostiene en el comunicado, en una definición que busca exponer no solo una objeción técnica sino también política.
El punto central del reclamo es que el mecanismo de inscripción prioriza la rapidez por sobre la representatividad. En la práctica, advierten, puede excluir a especialistas, investigadores, docentes y organizaciones con trayectoria en materia ambiental, en un debate que —por su naturaleza— requiere justamente de ese tipo de aportes.
El planteo no es menor si se lo mira desde La Pampa. La provincia tiene una larga historia de disputas vinculadas al agua y los recursos naturales, lo que le da un peso específico en discusiones de este tipo. En ese marco, el amparo también busca posicionar el reclamo en una clave federal: no se trata solo de quién habla, sino de qué voces quedan afuera.
Además, el escrito introduce un argumento de mayor alcance: la posible vulneración de principios constitucionales vinculados a la participación ciudadana y la protección ambiental. La referencia no es casual. El acceso a la información y la intervención en decisiones ambientales forman parte de estándares que, en los últimos años, ganaron centralidad en la discusión pública.
Detrás del reclamo jurídico asoma también una lectura política. La forma en que se ordena el debate no es neutra: define quién incide y quién no en una discusión que puede tener consecuencias estructurales. Y en temas ambientales, donde los impactos suelen ser de largo plazo e irreversibles, esa discusión adquiere otro peso.
“Buscamos que nos escuchen, que nos den participación real”, sintetiza el comunicado. La frase condensa el eje del conflicto: más que una disputa técnica sobre formatos, lo que está en juego es la legitimidad del proceso.
Ahora, será la Justicia la que deberá resolver si la modalidad adoptada por el Congreso se ajusta a los estándares de participación o si, como denuncian desde La Pampa, termina restringiendo el debate en un tema donde justamente lo que sobra es sensibilidad política.
