Buenos Aires (2b) – El gobierno de Javier Milei evalúa la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2027, en un escenario atravesado por tensiones económicas, caída en la imagen pública y especulaciones sobre el comportamiento de los mercados.
Según trascendió en ámbitos oficiales, la discusión aún no está saldada y conviven dos posturas dentro del oficialismo. Por un lado, sectores que prefieren mantener el calendario electoral en octubre, bajo la expectativa de que la economía logre una recuperación sostenida hacia ese momento, con impacto en el empleo y el consumo.
Por otro, hay funcionarios que impulsan un adelantamiento hacia mayo, con el argumento de que la incertidumbre sobre una eventual reelección podría afectar la confianza de los mercados durante 2027. En ese marco, sostienen que una definición anticipada permitiría reducir el riesgo país y facilitar el acceso al financiamiento externo, en un año en el que Argentina deberá afrontar vencimientos de deuda por unos USD 28.000 millones.
Impacto político y estrategia electoral
La discusión no es solo económica. En el plano político, adelantar los comicios también podría alterar la dinámica de la oposición, especialmente del peronismo, al reducir los tiempos para la definición de candidaturas y eventuales internas.
En esa línea, el senador Sergio Uñac ya advirtió públicamente sobre esta posibilidad y planteó la necesidad de que el peronismo acelere su organización electoral. Desde ese espacio interpretan que el oficialismo podría buscar capitalizar el escenario actual antes de un eventual mayor desgaste.
En paralelo, dentro del propio oficialismo también surgen reparos. Algunos dirigentes con mayor experiencia política cuestionan la idea de modificar el calendario electoral, al considerar que podría ser interpretada como una señal de debilidad.
Los límites legales
Más allá de las especulaciones, el principal obstáculo para adelantar las elecciones es de carácter constitucional. El artículo 95 de la Constitución Nacional establece que los comicios presidenciales deben realizarse dentro de los 60 días previos a la finalización del mandato.
Esto implica que, sin una reforma constitucional, no sería posible llevar la elección a mayo. En términos prácticos, el margen de adelantamiento sería mínimo y no modificaría sustancialmente el cronograma actual.
Reformas en marcha
Mientras tanto, el oficialismo avanza en reformas que sí están dentro de su margen de acción. Entre ellas, la eliminación definitiva de las PASO y la implementación de la boleta única para las elecciones presidenciales.
Estas modificaciones también generan debate, ya que podrían fragmentar la oferta electoral y habilitar la aparición de nuevas candidaturas por fuera de las estructuras tradicionales.
Un escenario abierto
El eventual adelantamiento de las elecciones aparece así como una hipótesis en estudio más que como una decisión concreta. La evolución de la economía, la reacción de los mercados y la dinámica política serán factores clave para definir si la idea avanza o queda descartada.
Por ahora, el oficialismo se mueve entre la necesidad de consolidar expectativas económicas y la búsqueda de una estrategia electoral que le permita sostener su proyecto de poder hacia 2027.
