Buenos Aires (2b) – Una resolución de la Secretaría de Transporte confirmó que el Gobierno dejará de subsidiar los pasajes de los discapacitados y sus familiares, un derecho que tienen ganado por ley. El Gobierno ya se ahorró $27 mil millones en un año y medio. Las empresas dicen que mantendrán el beneficio, pero reclaman una deuda millonaria.
Dos pasajes de ida y vuelta en ómnibus desde Bahía Blanca hasta la estación de La Plata cuestan entre 110 y 150 mil pesos; desde General Villegas, en el oeste bonaerense, hasta Retiro, entre 90 y 110 mil pesos. Esos son los valores aproximados que cobran las empresas de micros por dos trayectos que realizan cotidianamente personas con discapacidad o con enfermedades graves y sus familiares para atenderse en el Hospital Garrahan o el Sor María Ludovica de La Plata. El Gobierno decretó este martes que dejará de subsidiarlos, pese que se trata de un derecho garantizado por leyes todavía vigentes, por lo que su gratuidad quedó en un limbo. “Ya no sé hasta dónde son capaces de llegar con la crueldad”, dijo la actriz y activista Valentina Bassi para graficar la indignación –y el agotamiento– de las familias del colectivo.
La decisión se dio a conocer a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial pocas horas después de que el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, le advirtiera en la cara a Javier Milei que las familias del colectivo ya no se bancan un ajuste más, que pare con la motosierra. Lo que le entró por un oído le salió rápidamente por el otro: retirarse del financiamiento de los pasajes le implicó a las arcas del Estado un “ahorro” de $27 mil millones en un año y medio, según la deuda que reclaman las cámaras empresarias del sector.
“Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674″, dice textualmente la norma.
Pese a lo insólito de la situación, este martes los funcionarios de la Secretaría de Transporte negaban que la medida fuera un ajuste. En el Ministerio de Salud, ante las consultas de Página/12, directamente dejaron de contestar. El argumento oficial, ridículo, se caía por su propio peso: se escudaban en que el ajuste ya corría desde enero de 2025, cuando se decretó la desregulación a las empresas de colectivos de larga distancia. Como desde entonces el Gobierno no le giró un sólo peso más a las empresas, la Resolución entonces no tenía ninguna novedad, por lo tanto las familias del colectivo no tenían de qué quejarse.
“La Secretaría de Transporte aclara que la resolución publicada no modifica ni elimina el derecho a los pasajes gratuitos de larga distancia para personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncológicos pediátricos, derechos que continúan plenamente vigentes conforme a la legislación actual”, repetían desde Trasporte.
El problema es que, precisamente, la desregulación dejó de considerar a las empresas de micros de larga distancia como prestadoras de un servicio público, por lo tanto su argumento es que dejaron de estar obligadas a garantizar ellas mismas los pasajes gratuitos. “Nosotros se lo advertimos, les dijimos oportunamente que no se pasen con la desregulación, pero no escuchan. Ahora nos quieren hacer quedar a nosotros como los malos de la película”, retrucaban desde el sector.
El asunto es que si no hay servicio público, y el Estado no paga los subsidios, el costo del pasaje queda en un limbo legal. ¿Quién lo afronta? En un micro para 50 pasajeros, por ejemplo, las empresas deben garantizar entre 2 y 4 pasajes gratuitos para las personas con discapacidad. Hasta ahora se venían haciendo cargando ese costo, sin subsidios del Estado, sobrecargando el valor del resto de los pasajes.
Las familias, igualmente, reportaban problemas para conseguir cupo. “Las empresas ya venían restringiendo la manera de acceder a estos pasajes gratuitos (en horarios particulares o cupos etc) ya que el gobierno no las controlaba. Ahora el estado se retira completamente, y aunque el derecho sigue vigente, y las empresas estan obligadas a garantizar ese derecho adquirido… ya imaginamos lo que va a pasar. Sin control y sin subsidio…“, explicó Bassi.
Luego de desregular al sector el año pasado, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) judicializó el conflicto y consiguió una cautelar que obligaba a las empresas a seguir garantizando la gratuidad. Lo que replican desde la cámara que las agrupa, la CELADI, es que en el marco de ese mismo expediente hubo un fallo la semana pasada que puso los pelos de punta al Gobierno, porque los obligó a cumplir en parte con los subsidios.
Página/12 pudo constatar que la justicia obligó a Transporte a transferirle a las empresas poco más de $8.700 millones de pesos, correspondiente a la liquidación del período que va entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Eso da una dimensión de los montos que se manejan en el asunto. Desde la CELADI calculan que el ajuste desde el 2025 en materia de subsidios supero los $27 mil millones. Al Gobierno le reclamen que salde esa “deuda” al menos en parte. La pelea es por plata, y las familias quedaron de rehenes de la situación.
“Como sea, lo que nosotros creemos es que los pasajes los debe garantizar el Estado, y los debe pagar el Estado. Así está estipulado en las leyes vigentes que garantizan el derecho, en ninguna de las cuales se menciona nunca a los privados”, precisó a este diario la referenta de Red por por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Ana Dones.
Las empresas dijeron que seguirán garantizando los pasajes y esperan ganar la batalla en los tribunales. “Nos vemos obligados a aclarar que bajo ningún concepto cuestionamos el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncopediátricos. Lo que sí señalamos es la inconsistencia de, por un lado desregular un sector -medida que este sector no cuestiona- eliminando su carácter de servicio público y al mismo tiempo pretender que las empresas absorban indefinidamente -sin compensación alguna- las cargas propias de ese régimen”, dijo en un comunicado Daniel Russo, Presidente CELADI.
Pero hay casos como la cámara de Córdoba que, según pudo saber este medio, ya amenazaron con retirar los pasajes gratuitos.
El Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad salió a advertir sobre la posible pérdida de derechos. “Desde el FORO manifestamos nuestra preocupación ante una nueva medida que, en un contexto de ajuste y desfinanciamiento del sector, puede traducirse en mayores obstáculos para el acceso efectivo al derecho al transporte de las personas con discapacidad. La eliminación de estas compensaciones económicas genera incertidumbre sobre el cumplimiento real de los pasajes gratuitos y se suma a otras decisiones que vienen afectando al colectivo, como el atraso arancelario, el recorte de políticas públicas y el permanente hostigamiento hacia las personas con discapacidad y las instituciones del sector“, dijeron.
