Santa Rosa (2b) – El Gobierno de La Pampa enviará a la Legislatura un proyecto de ley para establecer el marco de administración del cobro de peajes en las rutas provinciales, una iniciativa que busca complementar las facultades que ya tiene la Dirección Provincial de Vialidad.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es definir qué vehículos deberán pagar el peaje y cuáles estarán exceptuados. Según el proyecto, los vehículos radicados tributariamente en La Pampa no pagarían peaje. La misma excepción alcanzaría a los vehículos de emergencia pertenecientes a organismos de seguridad, bomberos, salud pública y defensa civil. También quedarían exceptuados los vehículos oficiales afectados al cumplimiento de funciones públicas y aquellos destinados al servicio público de transporte interurbano de pasajeros.
Los vehículos de otras provincias, en el centro del esquema
La propuesta establece un criterio diferente para los vehículos que no estén radicados tributariamente en La Pampa. En estos casos, la obligación de pagar o la eventual exención estará determinada por el impacto que genere el peso del vehículo sobre la vida útil de la infraestructura vial. De esta manera, el proyecto apunta especialmente a establecer un mecanismo en el que el uso y el desgaste que producen determinados vehículos sobre las rutas tengan incidencia en la obligación de pago.
El texto no establece en la información difundida cuáles serán las categorías específicas de vehículos no radicados en la provincia que deberán pagar, ni tampoco los valores que tendría el peaje. Esos aspectos deberán definirse a partir de la implementación del sistema y de las normas complementarias correspondientes.
El 90% de lo recaudado iría a las rutas
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es el destino de los fondos. Una vez descontados los gastos operativos necesarios para cobrar el peaje, el 90% de la recaudación será destinado al Fondo Provincial Vial. Ese dinero tendrá una afectación específica para la construcción, mantenimiento y reparación de las rutas provinciales. El 10% restante será distribuido entre municipalidades y comisiones de fomento, de acuerdo con criterios vinculados con la extensión de la red de caminos vecinales de cada jurisdicción.
El objetivo es que esos recursos sean utilizados para mantener la infraestructura rural y los caminos vecinales, considerados estratégicos para la producción agropecuaria, el traslado de personas y bienes y la integración territorial.
No habrá una concesión privada
El proyecto también establece que la administración del cobro estará a cargo de un esquema estatal. Para ello propone crear el “Fideicomiso Rutas Pampeanas”, cuyo Consejo Directivo estará integrado exclusivamente por directores de la Dirección Provincial de Vialidad.
La administración quedará bajo la órbita de Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M., mientras que la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas y el control de cargas continuarán bajo responsabilidad de Vialidad Provincial.
El Gobierno destaca que, a diferencia de un sistema de concesión, no habrá un operador privado que obtenga una ganancia por administrar el peaje. La propuesta apunta a que el excedente de la recaudación permanezca dentro del Estado y sea destinado a la infraestructura vial.
El proyecto ingresará este martes a la Legislatura provincial, donde comenzará el debate sobre quiénes pagarán por utilizar las rutas pampeanas, cuánto costará el peaje y bajo qué condiciones se aplicará el nuevo sistema.





