Santa Rosa (2b) – La acreditación de sueldos en la provincia vino con sorpresas: retenciones automáticas que van desde $17.000 hasta $30.000 según la categoría. El recorte fue empujado por UPCN y acompañado por la Intersindical tras la paritaria de agosto. En el Gobierno advertían que «no era el momento», pero terminaron cediendo.
«Era sabido que iba a haber quilombo con esto», confió a El Diario de La Pampa una fuente gremial ligada a la Mesa Intersindical. La advertencia cobró fuerza este martes con la acreditación de sueldos en la Administración Pública provincial, cuando la gran mayoría de los empleados no afiliados se desayunó con quitas directas en sus recibos bajo el concepto de «cuota solidaria».
La controversia radica en una nueva modalidad impuesta en las comisiones paritarias (bajo la Ley Provincial N° 2702). Históricamente, este aporte obligatorio destinado a sostener las estructuras sindicales por las mejoras obtenidas se aplicaba una sola vez al año, con los sueldos y aguinaldos de diciembre. Sin embargo, la pretensión original de los gremios era que el descuento se ejecutara de manera automática tras cada acuerdo salarial cerrado.
Aunque los sindicatos buscaban institucionalizar el débito luego de cada paritaria, en el Gobierno Provincial sostenían que «no era el momento» adecuado para avanzar con la medida. Pese a las prevenciones oficiales, UPCN tomó la delantera, arrastró el acompañamiento del resto de la Mesa Intersindical y la Provincia terminó cediendo. Se trata de la primera retención que se concreta en lo que va de 2026 bajo esta modalidad, mientras reina la incertidumbre sobre si a fin de año se aplicará o no el tradicional descuento de diciembre.
En esta oportunidad, las partes fijaron una quita del 1,5% sobre los conceptos remunerativos del haber (que no abarca la totalidad del sueldo de bolsillo). Esos fondos acumulados se distribuirán posteriormente entre los sindicatos de acuerdo a la proporción de afiliados que acredita cada entidad, explicó El Diario de La Pampa.
El impacto financiero en el bolsillo de los trabajadores no afiliados -que representan a la gran mayoría de la plantilla estatal- generó un fuerte malestar tras la liquidación de hoy. En los escalafones más bajos de la Ley 643 los descuentos promedian los $17.000, mientras que en las categorías superiores, como la 1, las quitas alcanzan los $30.000 por agente. La suma total de las deducciones representa una cifra millonaria que ingresa de forma directa a las arcas gremiales.
El débito se aplicó tras el cierre de la paritaria general de fines de agosto para el trimestre julio-septiembre, donde el Ejecutivo provincial dispuso un incremento del 3% en agosto (alcanzando un 22,54% acumulado), cláusula gatillo en septiembre por IPC regional y la garantía de quedar 3 puntos por encima de la inflación al 30 de septiembre, fijando el Mínimo Garantizado en $1.318.988 para un agente sin cargas de familia. Para un trabajador con familia tipo a cargo, el ingreso de bolsillo se estableció en $1.671.012.
Frente a esta situación, la única vía de escape legal para los trabajadores que rechazan la retención es la presentación de recursos de amparo ante la Justicia provincial, invocando la afectación a la libertad de no asociarse consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Únicamente mediante un fallo judicial favorable el Gobierno queda instruido para cesar el código de descuento en el recibo y obligar al gremio a restituir los fondos retenidos.
