Santa Rosa (2b) – El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) confirmó que el programa de venta de loteos sociales en General Pico se encuentra suspendido por restricciones financieras. La decisión responde a la necesidad del organismo provincial de reasignar los fondos de infraestructura para terminar las viviendas que contaban con financiamiento del Gobierno Nacional y fueron paralizadas tras el retiro de fondos de la administración central.
En el mismo escenario, el organismo registra una contracción del 10% en el recupero del cobro de las cuotas mensuales, fenómeno asociado a la pérdida de empleo y el deterioro de los ingresos de las familias adjudicatarias.
La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, explicó que la venta de terrenos requería cuantiosas inversiones previas en servicios de agua, luz, gas y cloacas. Ante la interrupción de los desembolsos nacionales para la construcción de unidades habitacionales, la provincia debió asumir la totalidad del costo económico para evitar dejar las obras inconclusas.
«No es una traba burocrática, es un tema estrictamente económico. Teníamos que elegir entre dejar las casas abandonadas o finalizar los loteos. Lamentablemente tuvimos que priorizar concluir y entregar las viviendas, una decisión vinculada a la postura del Gobierno Nacional de no financiar obras en La Pampa ni en el resto del país» , manifestó Riboyra en diálogo con Infopico Radio.
La presidenta del IPAV detalló que la repartición intentó acordar esquemas de financiamiento con el sector privado para ejecutar la infraestructura de los terrenos, pero las negociaciones no prosperaron debido a los elevados costos operativos.
A la reasignación presupuestaria se suma la caída en los ingresos corrientes del instituto. Conforme a las cifras de la repartición, el recupero de cuotas descendió un 10%, una situación atribuida a la pérdida de puestos de trabajo y la imposibilidad de pago de numerosos adjudicatarios. Desde el IPAV aclararon que los equipos sociales de las delegaciones evalúan caso por caso para acompañar a las familias con dificultades financieras acreditadas, reservando las sanciones administrativas únicamente para situaciones de abandono o negativa explícita a abonar la solución habitacional.
