Buenos Aires (2b) – El Gobierno de Javier Milei no repartirá los más de 5 millones de kilos de alimentos retenidos a los comedores populares ni a los merenderos. Presionado por la Justicia, el Ministerio de Capital Humano anunció al juzgado de Sebastián Casanello que la comida que dormía en los depósitos se entregará a «escuelas vulnerables».
Mientras desfinancia la educación pública, la cartera que dirige Sandra Pettovello explicó que los alimentos que tenían retenidos serán distribuidos en aquellas escuelas «que presentan estudiantes con altos niveles de riesgo infantil y bajos índices de desempeño educativo y socioeconómico».
“Se comunicará a la brevedad acerca de las escuelas receptoras como así también las cantidades de productos y fechas exactas de entrega de los alimentos”, sostiene la comunicación, firmada por Yamila Nano Lembo, designada al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en reemplazo del despedido Pablo De la Torre.
Tal como lo había hecho el jueves el jefe de Gabinete Guillermo Francos, desde Capital Humano cuestionaron la resolución judicial que los obligó a sacar los alimentos de los galpones. En un apartado del escrito, Lembo remarcó que el Poder Ejecutivo es «quien tiene no solamente la competencia asignada por la Constitución Nacional para tomar este tipo de decisiones, sino que es el que cuenta con mejores herramientas, recursos y conocimientos para proveer a la distribución de alimentos sobre la cual ha decidido ahora el Poder Judicial».
El Gobierno de Milei había apelado para no tener que entregar los alimentos pero la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió por unanimidad ratificar la medida dispuesta previamente por Casanello, que encomendaba al Ministerio a elaborar el plan para la entrega de las cinco mil toneladas de alimentos y su entrega de forma «inmediata». La comida, se supo a través de un pedido de informes realizados por El Destape, se encuentra en dos galpones ubicados en Villa Martelli, en el norte del conurbano bonaerense; y en Tafí Viejo, en Tucumán.
«¿A vos te parece que un juez federal de La Nación, y una Cámara Federal, le puede decir al Gobierno ‘mándenme el plan de distribución de alimentos’ ¿Quién se cree que es la Justicia? ¿No hay separación de poderes?», disparó ayer Francos al cuestionar la decisión judicial.
A principios de la semana, el Gobierno había anunciado con bombos y platillos que distribuiría los alimentos próximos a vencer a través de un convenio con CONIN, la fundación de Abel Albino, el médico antiderechos que desincentiva el uso de preservativos. Se trataba 465.000 kilos de leche en polvo que vencen en agosto.
Sin embargo, la misma presidenta de CONIN, Gabriela Sabio, admitió más tarde que no podrán entregar el total de leche en polvo retenida, al aclarar que la Fundación con la que el Gobierno cerró un convenio para la distribución se ocupará de que llegue esta asistencia a «más de 130 organizaciones, además de los centros» de la fundación. «Nosotros vamos a colaborar en entregar los alimentos dentro de nuestras posibilidades, no el total de los alimentos que están disponibles», enfatizó en diálogo con el medio El Destape Radio y cuestionó además al Gobierno por su falta de previsión: «No fue una política de Estado, no fue planificado».
