Buenos Aires (2b) – La actual vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, reivindicó el rol del Congreso Nacional, «donde se saldan las contradicciones y los desacuerdos». La dirigente consideró que más allá del proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, en los últimos 20 años hubo dos reformas del Poder Judicial, y que «el país todavía se debe una verdadera reforma judicial».
«Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves». De este modo, Cristina Fernández de Kirchner, sentó posición sobre la iniciativa oficial. Lo hizo a través de un texto en su página web, luego compartido a través de Twitter, titulado «¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia».
CFK consideró que esa fue «una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios». Respecto de estos últimos, estimó que el objetivo, sobre algunos de ellos, era «para despojarlos de sus empresas y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales».
En el texto, la actual vicepresidenta, sostiene que la reforma macrista se vertebró en cuatro ejes. El primero fue la mesa judicial «en la órbita del Poder Ejecutivo integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py». Remarcó que esa estructura «fue naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado de la Constitución Nacional» y que «se comentaban sus reuniones en los programas de televisión y sus decisiones, que se conocían en las tapas de los diarios, anunciaban el texto exacto de futuras resoluciones y sentencias judiciales».
En segundo lugar, aludió a la Doctrina Irurzun, «por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privándolos de su libertad en forma ilegal». El tercer punto fue el traslado de jueces a juzgados y tribunales «para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces». Explicó que de este modo se vulneró «en forma flagrante, no sólo el principio de Juez Natural, sino la prohibición de tribunales ad hoc».
Finalmente, el cuarto punto refiere a los servicios de inteligencia. En ese sentido, la vicepresidenta advirtió que el macrismo «convirtió a la AFI en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores», y que para tales fines se usaron «los fondos del organismo de inteligencia que Macri había vuelto a convertir en reservados apenas asumió el gobierno».
En tal sentido, recordó que dos veces llegó a la presidencia por el voto popular y que «todas y cada una de las políticas sostenidas durante nuestros gobiernos fueron enviadas y resueltas por el Congreso, inclusive aquellas que no requerían de su intervención de acuerdo a la Constitución y a la normativa legal vigente».
Expresó que actuó de ese modo «con la convicción que el único lugar donde se saldan las contradicciones y los desacuerdos de los argentinos y las argentinas es el Parlamento Nacional, por eso que llaman Democracia y Constitución Nacional». Y finalizó así, en medio de la polémica por las declaraciones de Eduardo Duhalde: «En tiempos de asonadas mediáticas y políticos apocalípticos, es muy bueno recordarlo».
