General Pico (2b Norte) – Damián José Rattalino, un joven ingeniero piquense, decidió denunciar en Fiscalía lo que consideró un concurso “armado” para ocupar un cargo en la Agencia de Investigación Criminal, al que se presentó con conocimiento y antecedentes pero el jurado que intervino decidió que el cargo quedaba para un aspirante, sin título, y que ya trabajaba en la AIC.
El relato que el profesional hizo sobre todo el procedimiento está cargado de suspicacias, que apuntan a ratificar las sospechas del supuesto damnificado, aunque la justicia tendrá que determinar primero si existe un delito penal, o se trata de anormalidades que deberán ser analizadas en otro ámbito.
Rattalino, que publicó toda la historia en Facebook luego de radicar al denuncia, le dijo a 2b que no espera con la presentación que lo den como ganador del concurso, de hecho aclaró que trabajo no le falta por ser recibido de una carrera con pocos egresados y gran demanda laboral, pero sí buscó dejar sentado su descontento con lo que interpretó es parte de un sistema armado e injusto. De hecho, no es la primera vez que concursos en el ámbito judicial quedan expuestos a sospechas, aunque muy pocas veces los reclamos avanzan formalmente.
El joven profesional concursó para Prosecretario en la Sección Informática Forense de la AIC con sede en General Pico, instancia a la que se inscribieron otros cuatro interesados, aunque solo tres se presentaron finalmente.
Uno de los detalles que llamó la atención del joven, previo a rendir, fue que en el llamado no incluyeron como requisito ser Ingeniero en Sistemas, algo que sí se pidió en los anteriores concursos similares, mientras que también se disminuyó el puntaje para los antecedentes. Es decir, bajaron los requerimientos para este concurso.
El 10 de agosto se presentó a rendir y el jurado estaba integrado por Carolina Julieta Ghione (abogada coordinadora de la AIC), el ingeniero Juan José Barbero Alisandroni (prosecretario de la Sección Informática Forense) y Martín Eduardo Rodríguez (prosecretario de la Sección Informática Forense). Este último no participó de la evaluación.
Cuando le tocó rendir advirtió “incomodidad y nerviosismo” de los jurados ante su presencia, pero además “cierta tendencia para imponer preguntas sobre sólo algunos de todos los ítems que se solicitaban en el concurso”.
El 13 de agosto recibió por e-mail el resultado y allí se enteró que Martín Javier Galant había obtenido mayor puntaje que él y se había quedado con el cargo. Cuando analizó el expediente, Rattalino advirtió que tenía “más conocimientos en cuanto a los temas solicitados que el postulante Galant, quien presentó conocimiento sobre muy pocos temas de los requeridos en el llamado al concurso, pero obtuvo 70 puntos de 80 posibles”.
Pero, además, descubrió luego que Galant no había pasado por universidad ni terciario alguno y, para cerrar las sospechas, se trataba de una persona que ya trabajaba en la Agencia de Investigación Criminal.
El profesional damnificado presentó entonces un Recurso de Reconsideración, que extrañamente analizó el mismo jurado que intervino en la evaluación, y la respuesta por supuesto fue negativa para quien reclamaba. Otro detalle, la firma de la evaluación de Rattalino al parecer fue el último acto administrativo de uno de los jurados, la abogada Ghione, quien en ese momento renunció a su cargo.
El ingeniero piquense se tomó un tiempo para no actuar con la bronca de lo ocurrido y luego se tomó el trabajo de investigar por horas todas las aristas que rodeaban el caso, entre ellas que uno de los jurados (Alisandroni) había ingresado a la AIC “a dedo” y otro (Rodriguez) por concurso que convocaba a un ingeniero, pero el título lo recibió un año después de haber sido designado al cargo.
Con toda la documentación reunida, Rattalino subió digitalmente la denuncia penal a la Fiscalía de Pico. Y este es otro punto a considerar, más allá de la posibilidad de no existir un delito penal, sería extraño que los fiscales de la ciudad investiguen un caso donde los involucrados son colaboradores directos de los fiscales y con relación diaria, ya que la AIC desde ya hace tiempo dejó de ser un organismo de la Policía para depender de la Procuración General.
