Buenos Aires y Santa Rosa (2b)- La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicó su decisión de extender nuevamente el plazo para la resolución del conflicto por el cese de escurrimientos en el rio Atuel, originado por el accionar unilateral e inconsulto de la provincia de Mendoza, informó el Procurador Hernan Perez Araujo.
A pesar de lo expuesto por Araujo, fue la propia Corte, a través de su agencia de noticias CIJ, la que dio a conocer la novedad asegurando además que La Pampa y Mendoza también tienen que ponerse de acuerdo en «el porcentaje de obras» que pagará cada una.
Si bien el tribunal debía decidir el caudal que debe correr en territorio pampeano para recomponer el ecosistema dañado por el corte del río Atuel, decidió un nuevo plazo para la resolución del conflicto. Ahora, La Pampa, Mendoza y Nación tienen 90 días más para tratar de alcanzar un acuerdo definitivo.
El plazo había expirado el 14 de febrero después del histórico fallo del primero de diciembre pasado cuando los jueces del máximo organismo judicial del país le dieron la razón a nuestra provincia. Al no haber acuerdo se convocó a una audiencia que se hizo el 9 de mayo, donde cada provincia presentó su plan de obras y soluciones. Ahora, cuando se esperaba que lo resolviera el máximo organismo, se dio un plazo de tres meses más.
“En el día de la fecha, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un nuevo plazo para la resolución del conflicto por el cese de escurrimientos en el rio Atuel, originado por el accionar unilateral e inconsulto de la provincia de Mendoza”, informó el Procurador Hernán Perez Araujo.
«El máximo tribunal resolvió, ante la falta de acuerdo de las partes en la audiencia de conciliación llevada a cabo el día 9 de mayo, fijar un plazo de 90 días para que ambas provincias y el Estado Nacional arriben a una solución dirimente del conflicto», dijo.
Agregó que «además, debemos analizar la propuesta realizada por Mendoza ante la Corte en la audiencia, y determinar las obras conducentes para la resolución definitiva del conflicto, así como los costos y porcentajes en que se afrontaran los mismos».
«Todo ello es reiteración de lo sentenciado el 1 de diciembre, pero ahora el tribunal ha decidido, ante el plan de obras presentado por Mendoza en la propia Corte, y no en la CIAI, que dicho plan sea analizado en el organismo de Cuenca, tal como debió haber sido realizado y así lo manifestáramos, tanto ante el Máximo Tribunal como en la reunión del Grupo de Trabajo de la CIAI del 16 de mayo pasado», detalló.
Por su parte el CIJ (Centro de Información Judicial), publicó: «En el Acuerdo del día de la fecha (22/05/2018), la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus ministros, decidió fijar un plazo de noventa (90) días para que las provincias de La Pampa, Mendoza y el Estado Nacional, se pongan de acuerdo en el uso de aguas del Río Atuel e indiquen el porcentaje de los costos de las obras que cada una de las jurisdicciones afrontará.
«También resolvió que en el intercambio entre las tres jurisdicciones deberá tomarse en cuenta la propuesta presentada por la provincia de Mendoza el 9 de mayo de 2018».
Finalmente, «el Tribunal dispuso que, en caso de que no se arribare a un acuerdo, las jurisdicciones involucradas deberán informar las razones que lo expliquen y la Corte definirá el curso de acción ulterior.
«Esperábamos que la Corte resolviera rápido, como lo ha hecho, y que expida por la determinación de un caudal hídrico apto para la reconstitución del ecosistema en nuestro noroeste pampeano, manifestó el Procurador. Debemos seguir esperando, atento a que, en la misma lógica que la aplicada en la sentencia del 1 de diciembre, la Corte reitera que el conflicto sea dirimido, en esta instancia, por las provincias y la Nación. Lo único que ha cambiado para nosotros es que el plazo, que comienza a correr mañana, se extiende por 90 días más», cerró Araujo.
La Pampa promovió la demanda invocando el “derecho humano al agua”, para que “se declare la presencia de daño ambiental”, como consecuencia de supuestos incumplimientos de Mendoza a la sentencia de la Corte de 1987. Pretende, además, que su vecina le pague una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Hace un año, la Corte había ordenado que, en el contexto de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), el organismo creado por las provincias interesadas para solucionar el conflicto, se elaborara un programa se ejecución de obras. Pero tampoco se pudo avanzar.
