Santa Rosa (2b)- El presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, pidió al fiscal Leonel Gómez Bargella que determine si dos jueces de Ejecución de Pena, Martín Saravia y Mauricio Pascual, están incurriendo en el delito de abuso de autoridad, luego de que éste ordenó al Servicio Penitenciario Federal que no ingrese presos que no sean pampeanos a la Colonia Penal Unidad 4 de Santa Rosa, una cárcel federal.
Esta particular medida de los jueces, revelada por El Diario, había sido rechazada por el director de la Colonia Penal, el prefecto Hugo López Almeida, quien envió una nota al TOF luego de la particular decisión de ambos magistrados, al entender que no tienen facultades para prohibir el ingreso de condenados y procesados federales a la cárcel. Ahora, con la intervención del fiscal, parece tener razón.
Por eso el presidente del TOF, Díaz Lacava, reaccionó rápidamente y remitió una copia el martes al fiscal del Juzgado Federal para que, “ante la posible comisión de un delito de acción pública”, se investigue si hubo un abuso de autoridad. Ese tribunal es, justamente, uno de los organismos que deriva detenidos a la Colonia Penal.
Aparentemente el problema fue detectado cuando los magistrados ordenaron la prohibición del ingreso de presos que no sean pampeanos a las autoridades de la Unidad Penal 4 y la 13 de mujeres, luego de más de 10 años de incumplimientos de compromisos administrativos, legales y políticos por parte del Servicio Penitenciario Federal.
Igualmente se detectaron el mes pasado 26 plazas desocupadas en los distintos pabellones de los centros de detención. A partir de esa constatación, pero los jueces pidieron que sigan vacantes a la espera de pampeanos.
Los jueces de Ejecución pampeanos consideraron que se trata de “una maniobra”, para “ocultar plazas para ser utilizadas a criterio discrecional del Director de cada Unidad”.
Saravia y Pascual también recordaron que hace años insisten “hasta el hartazgo” ante los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, para que el Servicio Penitenciario Federal cumpla con los compromisos legales asumidos. Pero a pesar de ellos y hasta el día de la fecha existen alrededor de 220 pampeanos con condena firme que cumplen pena “de manera ilegal, en establecimientos policiales, hacinados y en condiciones infrahumanas”.
