Santa Rosa (2b)- El gobierno de La Pampa salió hoy nuevamente a denunciar al gobierno nacional, al punto de sostener que el hecho de disentir de sus políticas y «expresarlo públicamente» hace que La Rosada recurra a la «extorsión», en este caso tras publicarse un decreto oficial del presidente Mauricio Macri que «vuelve a poner trabas a la firma del Convenio para el financiamiento del Sistema Previsional de La Pampa». Traducido, si no firmamos el pacto fiscal, se cae el 82 por ciento móvil de los jubilados en La Pampa.
El Gobierno Nacional vuelve a poner trabas a la firma del Convenio para el Financiamiento del Sistema Previsional de La Pampa, mediante el decreto 730/2018 publicado este jueves 9 de agosto en el Boletín Oficial. La Pampa salió a reclamar hoy airadamente. ¿Cómo afecta? Primero te contamos que durante el gobierno de Néstor Kirchner La Pampa firmó un convenio por el cual Nación cubría el mínimo y la provincia el resto para alcanzar el famoso 82 por ciento móvil. Pero, desde hace 6 años La Pampa se hace cargo del total y, entre tanto reclamo, ahora Nación condiciona las reglas de juego a la firma del famoso pacto fiscal. De ahí la denuncia de «extorsión».
«La redacción del decreto afecta única, y exclusivamente, a La Pampa.
Nuevamente, el disentir con las políticas nacionales y expresarlo públicamente, hace que el Gobierno Nacional recurra a mecanismos financieros coercitivos para con la provincia de La Pampa», expresa el comunicado oficial.
La Pampa sostiene que en el año 2016, el mismo gobierno había exigido, también bajo el dictado de un decreto (894/2016), la armonización de las normas legales para la determinación del haber previsional.
Para los beneficiarios del sistema previsional provincial esto significaba bajarles las jubilaciones, y para los actuales activos, cambiarles el sistema aplicable cuando se jubilen. Esto fue discutido por nuestra Provincia y, por los años anteriores a 2017, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.
«No obstante ello, para los períodos siguientes se modificó la norma a instancia de los legisladores pampeanos, pero nuevamente mediante el Decreto 730/18, reglamentario de la Ley 27.260, exigen la firma del Consenso Fiscal, requisito que no establece la normativa de origen para el financiamiento de los sistemas, ya que ni siquiera existía como tal, cuando se sancionó esa ley», explicaron.
Las negociaciones para la determinación de los montos a financiar, y que permitían a nuestra Provincia ponerse en igualdad de condiciones de financiamiento con las provincias que han transferido sus sistemas previsionales, como así del resto de provincias que no lo han hecho, encuentra un nuevo escollo, que ha sido redactado especialmente para excluir a La Pampa, porque San Luis, la otra provincia que no firmó el Consenso, transfirió su sistema en octubre del año 1996. En otras palabras, la redacción del decreto afecta única, y exclusivamente, a La Pampa.
