Santa Rosa (2b)- El diputado nacional radical Daniel Kroneberger presentó junto a un grupo de legisladores un proyecto de ley que apunta a transferir los Registros Seccionales de la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor a la órbita de la Administración Pública Nacional. El legislador pampeano, apunta que en los años que lleva tercerizado el servicio, se convirtió en un gran negocio con amplia rentabilidad y sin que se avancen en mejoras del servicio a los usuarios. Los dueños de registros se quedan con un 60 por ciento de las ganancias y aportan el resto al Estado. Un negocio redondo para unos pocos.
Kroneberger, al brindar detalles del proyecto, sostuvo que “la función que actualmente desempeñan los encargados titulares de registros será llevada a cabo por un funcionario público que formará parte de la Administración Pública Nacional, quedando el desempeño de sus funciones sujeto a la normativa de regulación del empleo público».
Al suprimir a los cargos de Encargados de Registro Nacional, sostiene el proyecto, “la cobertura de cargos se realizará por medio de concursos de oposición y antecedentes pudiendo la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios nombrar responsables interinos de cada registro hasta tanto se reglamente la metodología de cobertura de cargos y se sustancien los concursos correspondientes».
«La Administración Pública Nacional evaluará absorber prioritariamente al personal que actualmente se desempeña en los registros seccionales del todo el territorio nacional, pasando estos a regirse por la normativa de regulación del empleo público”, prevé el proyecto.
A la vez, se destaca que “los recursos con los que actualmente se financia la actividad que perciben los actuales Encargados de Registro serán percibidos por el Estado Nacional a partir de la fecha de transferencia efectiva del servicio».
Kroneberger explicó que el Registro «es uno de los servicios públicos que desde más larga data ha sido tercerizado» y, los creados, «no cumplen en muchos casos con las normativas que regulan dicha actividad , no incorporan ningún valor agregado al servicio que le prestan al estado y con las modificaciones que han sufrido los aranceles, se encarecieron notablemente los gastos para el comprador”.
A la vez, el pampeano indicó que “también se vuelve cuestionable el modo de selección de los encargados de los Registros, ya que se hace de una manera unipersonal y por largos periodos. La principal motivación de quienes llevan a cabo esta función de tercerización, es el amplio margen de rentabilidad que ésta arroja, en donde el 60% de lo que un particular abona va para el encargado del Registro y el 40% para el estado”.
“Cabe destacar que con la aprobación de este proyecto de ley, se buscan abaratar los costos para el comprador y el estado, y de esta manera que todo lo recaudado por los Registros Nacionales del Automotor, sea percibido por el Estado Nacional”, fundamentó.
Los números, hablan por sí solos del negocio de los registros, que es para unos pocos: «El informe de gestión remitido por la la Jefatura de Gabinetes de Ministros de la Nación en el mes de Julio de 2018, despeja todas las dudas respecto a la recaudación efectuada ya que en el año 2017 la misma ascendió a $18.045.406.840,62, y durante el primer semestre del año 2018 a la suma de $ 9.904.561.508,58. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, luego de efectuados los descuentos correspondientes a los Encargados de los registros, recibio la suma de $ 7.232.897.389,77 y $ 4.030.633.822,22 respectivamente, es decir un 40% del monto recaudado en concepto de aranceles. Dicho en otras palabras, toda persona que realiza un trámite ante el registro seccional destina el 60% de lo abonado al Encargado del registro y el restante 40% se lo lleva el Estado».
«Utilizando el valor provisto por la JGM, pero redondeando los números a los fines de comprender cómo funciona el sistema, podemos decir que los Registros Seccionales percibieron en concepto de aranceles durante el año 2017 la suma de $18.000.000.000. De ese total, se deducen $5.300.000.000 en gastos operativos (sueldos, alquileres, sistemas informáticos, etc.), $600.000.000 que abonan como Impuesto a las Ganancias y una utilidad neta de $1.500.000.000 (incluyendo los emolumentos previstos en la normativa y las certificaciones de firmas). A su vez, los Registros le abonan a ACARA $3.400.000.000 por todo el material utilizado (formularios, chapa patente, cédulas, títulos, recibos, etc.). Deduciendo del total recibido en concepto de aranceles las sumas antes descriptas, nos arroja que el MJyDH recibe solamente $ 7.200.000.000», completó.
