Los hermanos Rodríguez Saá, a los tiros: Adolfo le torció el brazo a su hermano Alberto en la justicia y anunció que se presenta a la gobernación

601
Compartilo:

Buenos Aires (2b)- La justicia electoral puntana hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el sector del peronismo local que lidera Adolfo Rodríguez Saá y suspendió la realización del Congreso Provincial del Partido Justicialista, convocado para el 8 de febrero por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, hermano del integrante de la Cámara alta. Los hermanos, que alternan el poder en la provincia vecina, mantienen un duro enfrentamiento desde hace un tiempo por la sucesión de la provincia. San Luis, sobre todo desde la llegada al poder de Mauricio Macri, ha sido una importante aliada de La Pampa contra las políticas de ajuste de Nación.

Tras la decisión judicial el senador nacional anunció hoy la construcción de un frente electoral, que lo tendrá como candidato a gobernador, a la cabeza de una lista única, para competir en las elecciones generales del próximo 16 de junio.

En un plenario realizado en la sede del Partido Justicialista puntano al que asistieron militantes de todo el territorio provincial, Adolfo Rodríguez Saá, aseguró que «la sede del partido sigue siendo la misma».

«Los que faltan es porque se han ido», apuntó el legislador en directa alusión a su hermano Alberto, gobernador de San Luis, que hoy recibió un revés por parte de la justicia Electoral Federal.

El fallo del juez Juan Esteban Maqueda y la secretaria Electoral, Sonia Marry Randazzo, por el que se suspendió el llamado al Congreso provincial previsto para el 8 de febrero, se conoció horas antes de este plenario.

«Quieren imponernos por la fuerza una conducción que pretende echarnos. Pretendieron sacarme de la política y ahora pretenden echarnos del partido y del movimiento del que somos una parte muy importante», consideró el senador, antes de anunciar la decisión judicial que favoreció la impugnación presentada por su sector a la convocatoria del gobernador, su hermano, Alberto Rodríguez Saá.

«Acá estamos en la sede del Partido Justicialista, acá estamos los dirigentes del partido peronista, acá estamos los dirigentes de los partidos políticos que conformaron un frente con el peronismo todos estos años», remarcó el hombre que buscar volver a gobernar la provincia por sexta vez.

En la sede partidaria y sus alrededores, la militancia acompañó en gran número y en medio de elocuentes muestras de apoyo a Adolfo Rodríguez Saá, que en su discurso celebró la decisión de no ir finalmente a las PAS (Primarias Abiertas y Simultáneas), en un principio convocadas para el 21 de abril; una fecha que había recogido las quejas de la mayoría de las fuerzas políticas, siendo que ese día será, este año, el domingo de Pascuas.

Recordó que durante su gestión se fundaron dos universidades en San Luis, se había realizado una «revolución industrial» -dijo- que dio trabajo a más de «30 mil puntanos» de los que «hoy sólo quedan 17.200».

Con la aceptación de la impugnación se inició un proceso de judicialización que amenaza romper la estructura existente del Justicialismo puntano, debido a la disputa que por las candidaturas a la gobernación mantienen el actual mandatario y su hermano, senador nacional por San Luis.

El gobernador, que preside el Congreso provincial, había convocado al máximo organismo partidario para el próximo 8 de febrero y el llamado fue publicado por el Diario de la República, antes de que se realizaran las notificaciones correspondientes al Consejo Provincial que preside su hermano Adolfo Rodríguez Saá.

En su apelación, los asesores «adolfistas» consideraron a la convocatoria falsa, porque en el edicto publicado se menciona que es una resolución del Consejo Provincial del Partido Justicialista, cuando ese organismo (que preside el senador Rodriguez Saá) no se había expedido sobre el tema y la resolución fue suscripta sólo por el gobernador, sin facultades ni mandato para hacerlo.

Si bien en su resolución las autoridades electorales aclaran que se hace lugar a la medida cautelar mientras se sustancia este procedimiento y se dicta sentencia definitiva, la decisión abre las puertas a un proceso de judicialización en el marco del malestar por el cambio de fechas de las PAS, que debieron adelantarse para el 21 de abril porque la fecha del 28 de abril dispuesta primero por el gobernador no contemplaba el plazo de 50 días que establece la legislación para designar candidatos antes de la elección general.

Compartilo:

Deja tu comentario