Santa Rosa (2b) – Partidos políticos, una agrupación gremial docente y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de La Pampa se manifestaron en contra del proyecto del gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad penal de 16 a 15 años.
Desde el MPD explicaron que su postura «en primer lugar, porque, como ya lo hemos expresado en oportunidades anteriores, este intento significaría un retroceso a nivel convencional y constitucional. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores que signifiquen el menoscabo de un derecho conquistado. Los Derechos Humanos solo admiten modificaciones que signifiquen la ampliación de los mismos, nunca su menoscabo».
El área a cargo del Dr. Eduardo Aguiire agregó, en una publicación a través de las redes sociales, «regresar a una edad establecida por la última dictadura y reformulada en democracia como una ampliación de derechos no puede nunca invocarse como integrando el catálogo de protección de derechos de niñas y niños, sino únicamente como castigo. Esta finalidad parece ser la única que contempla este nuevo impulso estatal».
Además, detallaron la situación en nuestra provincia. «La ampliación del poder punitivo del estado tampoco se justifica en una provincia como La Pampa, donde la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es prácticamente mínima. Los datos oficiales de todo el país corroboran históricamente esta evidencia, lo que la torna absolutamente ociosa la medida en materia político criminal. Ello, toda vez que los resultados esperables son de una mayor inseguridad, habida cuenta del deterioro de las condiciones de encierro en todo el continente en materia de salvaguarda de derechos humanos de las personas privadas de libertad. La cantidad de hechos violentos que acontecen en esos ámbitos debiera ser materia de preocupación prioritaria por parte de todas las agencias involucradas en el tema».
Entre otros puntos, el MPD indicó «cualquiera sea la finalidad última del proyecto, creemos que es necesario dar un debate amplio, público y sistemático en materia político criminal en todo el país, donde la cuestión de la responsabilidad penal juvenil sea materia de abordaje específico. Sobre todo, cuando nos encontramos en un contexto histórico internacional particularmente sensible donde se asiste a múltiples prácticas y arrebatos gubernamentales destinados a conculcar derechos de los sectores sociales más débiles y se habilitan discursos compatibles con pulsiones racistas, xenófobas, clasistas, intolerantes, patriarcales, segregacionistas y aniquilatorias».
Docentes
Por su parte, desde la Agrupación Trabajadoras y trabajadores de la Educación también se manifestaron contra la baja de la edad de imputabilidad. »
¿Por qué nos oponemos? Es una medida regresiva y anticonstitucional ya que fue la dictadura
militar la que bajó la edad a 14. Desde 1983 es de 16 años. Bajarla a 15 sería regresar de un derecho que ya tienen los menores a no ser sometidos a un proceso penal», explicaron.
También manifestaron «no hay estadísticas serias que marquen la necesidad de esta medida. Los delitos en esta franja etaria representan una parte ínfima en la totalidad». Calificaron la medida como «demagógica en época electoral ya que el
ensanchamiento de lo punitivo tiene aceptación en una porción de la sociedad».
Recordaron que en 2017, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se discutió la baja de punibilidad y que «de 40 organizaciones, 32 votaron en contra, inclusive Unicef».
La agrupación que conduce Liliana Peralta concluyó «debemos prevenir. Si se rompe el tejido social, si un pibe/a no va a la escuela, no puede construir un proyecto de vida. La escuela, los CAI, CAJ y demás programas socioeducativos, a quienes este mismo gobierno ha destruido, tienen un rol central en la inserción de menores vulnerados. El Estado tiene el deber de ofrecer más escuelas y menos cárceles. En definitiva, no podemos cargar en los menores todas las culpas de lo que los adultos hicimos, o no hicimos, para que tengan una infancia digna».
Partidos
El socialismo y el humanismo, éste {ultimo dentro del Frente para la Victoria de La pampa, también cuestionaron el proyecto del gobierno nacional a través de sus referentes en la provincia. «La sociedad no puede estar anestesiada ante los avances que hay sobre los derechos de las personas», expresó en un comunicado el diputado provincial Luis Solana.
«Este gobierno avanza sobre lo social quitando derechos. Y también en la cuestión de la seguridad. No hay voces que adviertan de este peligro. Durante la semana la ministra Bullrich anunció la incorporación de las pistolas de electrochoque, las llamadas taser, ahora un medio nacional que es vocero del gobierno habla de la baja de imputabilidad. No es casualidad»,
indicó el candidato a gobernador del Partido Socialista.
Solana afirmó que «usan el efecto Bolsonaro para profundizar la mano dura en materia de seguridad. Electoralmente le sirve porque no pueden usar otros temas porque han hecho agua, como el económico. Tarifazos, caída de la producción, ajustes en todos lados muestran un gobierno que gobierna para pocos. Pero a la vez impulsa el tema en estos momentos de vacaciones en que la sociedad no está atenta para avanzar en implementar medidas de mano dura».
«¿Se necesita más seguridad? Puede ser, abramos el debate y veamos cuáles son las medidas que se deben implementar, pero sin vulnerar derechos ni utilizar el tema para tapar otros», concluyó
Por su parte, la Concejala Humanista, Alba Fernández, en el Frente para la Victoria (FPV) de la Pampa, junto con el Partido Humanista provincial, rechazaron de plano la baja de la edad de imputabilidad a los menores que cometan delitos, porque consideran que va a empeorar la situación de inseguridad lejos de arreglarla, a la vez que ya fue rechazada por toda la
oposición política en la ronda de consultas que realizara Cambiemos, como también por el Colectivo de Organizaciones de Derechos Humanos, lo que la hace inviable y sin consenso ciudadano.
Otro argumento es que este eventual proyecto desconoce totalmente las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, realizadas a la Argentina en junio del año pasado, como así también los análisis que oportunamente realizara UNICEF de la Argentina y hasta la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf), todas coincidentes en oponerse a cualquier proyecto como el que plantea el actual gobierno de Cambiemos para bajar la edad de imputabilidad.
También afirmaron los humanistas que el planteo de que con esta medida se lograría mayor seguridad es un argumento mentiroso, ya que según las estadísticas es muy pequeño el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes y menos aún de 14 y 15 años, como lo marcan diversos estudios incluido el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente señalamos que por la naturaleza de los delitos cometidos por los mas jóvenes (prioritariamente contra la propiedad y no contra las personas) aplicar políticas de endurecimiento penal reforzaría las prácticas delictivas en vez de disuadirlas, como muestran diversos estudios en países donde se implementaron este tipo de medidas
