Santa Rosa (2b)- La decisión de la intendenta de General Acha, María Julia Arrarás, de expulsar a tres maestras del Jardín municipal o Centro de Desarrollo Infantil, podría ser un arrebato que puede salirle caro, y más allá del aspecto político. Es que en medio de la tensión por la medida, desde el Concejo Deliberante le advirtieron que si hay juicio deberá responder la jefa comunal. Así lo plantearon los ediles este martes, en un encuentro en el que la propia intendenta confirmó que no iba a reincorporar maestras jardineras a las que no les renovó el contrato en el jardín maternal Amuyén.
Los concejales se ampararon en el artículo 115 de la Ley Orgánica de Municipalidades para que en caso de que las docentes hagan un juicio a la Municipalidad por la separación arbitraria y se pierda, la intendenta Arrarás deberá responder con sus bienes personales a las costas e indemnizaciones, señalaron.
El artículo 115 indica que cuando la Municipalidad fuera condenada a pagar daños y perjuicios a terceros por actos personales de sus funcionarios, estos deberán hacerse cargo de los resarcimientos.
Tras el encuentro, los ediles decidieron usar el artículo 115 de la Ley Orgánica de Municipalidades para que en caso de que las docentes hagan un juicio a la Municipalidad por la separación arbitraria y se pierda, la intendenta Arrarás deberá responder con sus bienes personales a las costas e indemnizaciones.
El caso fue denunciado la semana pasada por Norma Ojeda, representante del gremio ATE en General Acha, quien al consumarse el hecho defendió a las tres maestras jardineras que fueron echada y denunció maltratos, acomodos e irregularidades en ese centro maternal.
Le apuntó a la directora, Berta Mercado, pero también a la intendenta Arrarás y al secretario de Gobierno, Ariel Segurado. Las tres docentes firmaron en disconformidad un acta por la reestructuración del CDI, porque es un jardín maternal que van chiquitos de 45 días a 3 años, y las dejaron sin trabajo.
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