Santa Rosa (2b) – El diputado provincial y jefe del bloque del PJ, Espartaco Marín, presentó un proyecto de ley que apunta a regular los planes de ahorro y capitalización para la adquisición de bienes muebles o inmuebles en La Pampa. Tras la devaluación, las compras mediante créditos o planes se tradujeron en infinidad de abusos y asfixia a los consumidores.
Marín destacó que precisamente la ley busca beneficiar a los consumidores, víctimas de abusos y estafas. En este sentido, manifestó que “frente a la cantidad de reclamos recibidos en Defensa al Consumidor en nuestra provincia vimos la necesidad y la urgencia de abordar el tema” y aseguró que mantuvieron varias reuniones con distintas agencias y consumidores, “hemos registrado información a partir de encuestas y de las experiencias de los consumidores que constan en las redes sociales.”
De este modo, Marín agregó que “el proyecto de ley tiene por objeto continuar trabajando a favor de los derechos de los consumidores, poniendo en evidencia a aquellas agencias que cometen abusos y, al mismo tiempo, resaltando a las que hacen bien su trabajo.”
Cabe recordar que meses atrás, la directora de Comercio de La Pampa, Marisa Casimiro, aseveró que este tipo de denuncias y reclamos sobre abusos en los planes de ahorro se encuentran en el primer puesto del ranking en la provincia, señalando que la Inspección General de Justicia (IGJ) es ineficiente para poder controlar este tipo de cuestiones.
Si bien las normas sobre planes de ahorro y de capitalización se encuentran reguladas a nivel nacional por las resoluciones de la IGJ, la legislación provincial puede intervenir en materia de Defensa del Consumidor en el sentido de ampliar el manto protector hacia los consumidores.
Si tenemos que hacer un punteo de los principales motivos de reclamos en nuestra provincia sobre este tema, podríamos enumerar varios, como por ejemplo: falta o demora en la entrega de autos; débitos o cobros indebidos; no devolución de cuotas aportadas en caso de rescisión de contrato; ausencia de información relevante; incumplimiento de las ofertas, promociones o bonificaciones publicitadas; gastos de entrega no previstos; imposición de seguros no solicitados; venta engañosa.
Para concluir, el diputado observó que “entendemos necesario contar con una legislación provincial que ayude al consumidor a acceder a información adecuada y veraz, teniendo en cuenta que es allí donde reside la mayor falla del sistema”. También hizo hincapié en la necesidad de que el consumidor se asesore y conozca los alcances de lo que contrata, y así se logrará disminuir los abusos en esta materia. Además, concluyó “sería importante poder contar con un Registro Provincial, que ayudara a las autoridades a poder identificar a estas empresas que cometen irregularidades y controlar las obligaciones que establece este proyecto”.
