Santa Rosa (2b)- El primer candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio La Pampa, Martín Berhongaray, anunció que en caso de resultar electo imulsará desde el Congreso el sistema de juicio por jurados a nivel nacional que, según dijo, «es una deuda legislativa ya que su implementación es una exigencia de los artículos 24, 75 inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional». De hecho en la actualidad este mecanismo está previsto en 5 provincias, y sólo en tres se realizaron juicios con jurados (Buenos Aires, Córdoba y Neuquén).
Berhongaray lo expresó este lunes durante una recorrida de campaña por las localidades de Rancul e Ingeniero Luiggi, donde visitó a los vecinos en compañía de la también precandidata Nidia Ancín (suplente) y la diputada electa Lorena Clara.
En ese marco el legislador provincial radical mencionó que los juicios por jurados «son una herramienta democratizadora del Poder Judicial, donde doce ciudadanos elegidos por sorteo son quienes juzgan los delitos, y definen si corresponde absolver o condenar a un determinado acusado. Es decir, las decisiones proceden del pueblo, acercando así a la sociedad con la justicia.
Sostuvo asimismo que «por no ser técnicos, los jurados aprecian las circunstancias de hecho y de derecho de acuerdo con los valores morales de la sociedad, y que la participación ciudadana acorta la distancia de los jueces con los hechos».
Berhongaray expuso que «no hace falta ser abogado para analizar un caso a la luz de las leyes vigentes y emitir un veredicto de inocencia o culpablibilidad, porque la premisa fundamental del derecho es que la ley se presume conocida por todos. Esto significa que si se le reconoce a todas las personas la capacidad de delinquir porque justamente pueden comprender las normas, también debe reconocerse la capacidad de emitir juicio de valor para determinar si otro ha infringido o no una norma».
Finalmente Martín Berhongaray manifestó que «es conveniente comenzar a establecer el mecanismo del juicio por jurados de manera gradual, ya que es un cambio muy importante, empezando por los delitos cometidos por funcionarios públicos que son los casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, y malversación de caudales públicos».
