El éxodo sordo: Empezaron a caer las primeras «desestimaciones» de los ocupantes en los asentamientos; gobierno y comuna asisten en origen

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Santa Rosa (2b)- La llama de la repercusión mediática empieza a decrecer en torno a la catarata de tomas de terrenos en Santa Rosa. Ese empalidecer, sin embargo, parece esconder una serie de avances por fuera de la salida «legal», es decir la judicialización de las ocupaciones. Y es que en los últimos días aterrizaron en la sede del municipio las primeras notas de «desestimación de ocupación» firmada de puño y letra por quienes en algún momento ocuparon terrenos en el Nuevo Salitral y el Santa María, los dos principales asentamientos. La información, confirmada en exclusiva a dosbases por fuentes judiciales, sin embargo no detuvo el proceso de investigación en marcha. De hecho se estima que en los próximos días podrían ser citados a declarar los sindicados como incitadores de la toma, el electo diputado del PJ Leonardo Tapera Avendaño y su hermano y dirigente del Movimiento Evita, Néstor Fabián.

En 2b ya te adelantamos la semana pasada los movimientos de la justicia, que citó a declarar a los primeros «damnificados» por la usurpación: La Municipalidad de Santa Rosa. De hecho, la apertura de una causa por parte del fiscal de la Unidad de Delitos contra la Propiedad, Facundo Bon Dergham, tuvo su justificación en las demandas presentadas por el gobierno de Leandro Altolaguirre, tanto por la ocupación de tierras fiscales como así también por robos de alambrados y materiales de un comedor, para usarlos en montar improvisadas viviendas en las dos ocupaciones.

El costo político de la denuncia la cargó el intendente, pero en rigor el gobierno de Carlos Verna apoyó en silencio y, a partir de esa causa, tiene un plafón de maniobras más amplio para asistir y controlar el tema con discreción: «Todos los casos se están tratando de manera puntual y se mantiene la asistencia de origen, es decir perciben alimentos o los beneficios en relación a los registros legales en cuanto a sus domicilios», explicó una alta fuente gubernamental.

Es que en lo que sí coinciden tanto en el municipio como en el gobierno provincial, es en el hecho de que no existe ni un sólo caso de situación de calle o extrema vulnerabilidad de los ocupantes. De hecho, entre las más de 200 familias sumadas a las dos principales tomas hay varios empleados comunales e incluso padres que tomaron tierras para cederlas a sus hijos. según explicaron.

Las renuncias 

Lo cierto es que, a partir de la intervención directa de la justicia, comenzó una especie de éxodo silencioso en las ocupaciones. Algunas familias formalizaron su «renuncia» a las tierras mediante notas. Se estima que, hasta este fin de semana, más de 20 ocupantes resignaron su espacio en tierras fiscales.

A la vez, el intendente Altolaguirre espera una respuesta de su nota enviada al gobernador Verna, en la que solicita un encuentro para adoptar medidas conjuntas y tratar de encauzar el problema habitacional que padecen las familias.

Lo que sí queda en claro que, si bien la problemática de vivienda es un realidad innegable, el empuje de las tomas en El Salitral y el Santa María esconden la mano negra de las viejas prácticas políticas: «Es un hecho inédito que a la hora de avanzar sobre tierras no existió ni la menor discusión o puja, es decir todos tomaron su lugar sin reclamo alguno demostrando además una sorpresiva organización», explicaron.

En dosbases también consultamos a fuentes policiales la situación actual de los asentamientos, donde según los informes oficiales hasta julio se contabilizaron 130 núcleos (multi y unifamiliares) en El Salitral y poco más de un centenar en el Santa María de La Pampa. En ese marco, al día de hoy señalaron que «si bien se advierte un descenso en ocupaciones fijas», lo cierto es que se trata de «permanencias intermitentes». Sin rodeos: por las noches no hay ocupantes y en lo concreto un porcentaje ínfimo está instalado completamente en el asentamiento.

De hecho, muchos de los ocupantes reciben mercaderías y asistencia estatal en sus domicilios registrados. Ninguno de ellos en los asentamientos.

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